"El estado también es victimario en el conflicto armado", víctimas

Caldas

Víctimas de los delitos de Estado de todo el Eje Cafetero aseguran que la mayoría de estos casos siguen en la impunidad y que sumado a esto el gobierno los tiene en el olvido y ha estado más preocupado en las negociaciones con las guerrillas.

A raíz de sus preocupaciones y la discriminación de la que se sienten aún más víctimas han realizado diversas actividades de protesta para hacerle entender a todos los colombianos que los victimarios del conflicto armado no son solo las Farc, el Eln y las Auc, si no que el gobierno a través de sus fuerzas militares, también ha cometido hechos atroces.

Desde Dosquebradas Manizales, llegó a Manizales a unirse a una de las protestas, Lady Montes, quien perdió a su esposo Jairo Augusto Rivera Villegas hace 10 años y asegura que fue ejecutado extrajudicialmente en Salento Quindío junto a un compañero suyo, es decir que su ser amado fue víctima de los denominados falsos positivos.

“Las víctimas no son solo campesinos, ganaderos o habitantes de poblaciones donde han operado los grupos armados al margen de la ley. Hay personas como nosotros, ciudadanos del común que fuimos víctimas de las incursiones del Ejército”, expresó Montes.

La mujer asegura que aunque ya ha transcurrido una década, el proceso penal de la muerte de su esposo no ha tenido ni un solo avance.

Luz Mary Osorio de la Organización Voces Unidas Pidiendo Justicia, asegura que aplicar la ley de justicia y paz en el marco del conflicto no es viable, ya que esa ley que años atrás la aplicó el presidente de ese entonces Álvaro Uribe Vélez no ha servido de mucho y hace un balance en el que según ella en 10 años que va de esta ley solo se han condenado a 46 personas.

Las víctimas también aseguraron que el estado no los ha visibilizado y que sus trabajos solo están enfocados al trabajo de los acuerdos con Las Farc y el Eln por lo que han quedado completamente opacados.

Las víctimas del estado manifestaron que seguirán protestando en contra del gobierno para exigirle que haga políticas efectivas para que haya avances en los procesos de las muertes o afectaciones de las que son víctimas y además para que se limpie los nombres de sus hijos, hermanos o conyugues que fueron ejecutados por las fuerzas militares y luego presentados como delincuentes sin ser esto cierto.