Defensoría advierte que 35% de la población de Cartagena está en riesgo por Bacrim

Cartagena de Indias

A través de un Informe de Riesgo elaborado por la Defensoría del Pueblo En especial condición de riesgo por presencia de grupos armados posdemovilización y organizaciones criminales no identificadas en la zona urbana del Distrito de Cartagena, se encuentran los habitantes de 40 barrios pertenecientes a las tres localidades (es decir 355.527 personas aproximadamente, según Proyecciones Censales a 2012 del DANE y de la Secretaría de Planeación de Cartagena), especialmente niños, niñas, adolescentes, jóvenes (NNAJ) y mujeres. Las familias que habitan estas zonas registran altos niveles de pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y están compuestas por extensos núcleos familiares.

De igual manera, se hallan expuestos al riesgo de vulneraciones de los derechos humanos, los habitantes de los corregimientos y zonas rurales de La Boquilla, Arroyo de Piedra, Pasacaballos y Arroyo Grande, principalmente, por las precarias condiciones de bienestar de la población, la débil presencia estatal y las acciones de los grupos armados ilegales que aprovechan las ventajas estratégicas del territorio para desarrollar actividades ilícitas. Se debe resaltar que en los dos ámbitos, rural y urbano, tanto defensores de derechos, líderes y lideresas de víctimas, y de comunidades étnicas se encuentran en situación de riesgo, especialmente quienes conforman la Mesa Distrital de Víctimas y sus familiares, el Comité de Seguimiento del Auto 092, la Liga de mujeres desplazadas de Bolívar, los Sindicatos Sintrainal, Sutimac, ANTHOC, USO, Sintraelecol, Sintraunicol y Sintrabiofilm y líderes y lideresas étnicas del Consejo comunitario de Púa II.

De esta manera, en el Distrito de Cartagena, al parecer, estarían realizando acciones violentas los grupos armados posdesmovilización que se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Rastrojos y Las Águilas Negras. Además, se observa la presencia de otras organizaciones criminales sin identificación alguna (hasta el momento).

En términos generales, estos grupos ilegales en el territorio desarrollan la siguiente dinámica:

1. Se involucran en la economía ilegal del narcotráfico, la extorsión y el préstamo a usura o paga diario, entre otros.

2. Expulsan a las comunidades asentadas tradicionalmente en territorios estratégicos para permitir el desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico, la agroindustria, el turismo o la construcción.

3. Perpetran homicidios y amenazas contra líderes y representantes de organizaciones sociales que realizan trabajo comunitario en sectores populares.

4. Establecen en el territorio normas de conducta y resuelven conflictos sociales por medio de grupos de criminalidad organizada que ejercen la violencia y que cuentan con un amplio control sobre el territorio.

5. Reclutan y utilizan ilícitamente a niños, niñas, adolescentes a través de grupos de criminalidad organizada, para que adelantan labores de vigilancia, mensajería y acciones violentas.

En comparación con las antiguas estructuras de las AUC, estos grupos cuentan con un número más reducido de integrantes y se han asentado en barrios periféricos de la ciudad a través de grupos de criminalidad organizada que se mimetizan en la población. De igual manera, intimidan, atemorizan y vulneran los derechos de las comunidades; ejercen control en algunas vías, cruces de carreteras, barrios con alto nivel de vulnerabilidad social, corredores entre regiones y, además, vigilan los flujos de mercancías legales e ilegales, entre otras actividades.

Los grupos armados y las organizaciones criminales han implementado estrategias tendientes a la instrumentalización y utilización ilícita de Niños, Niñas, Adolescentes (NNA), para ocultar su participación en la comisión de delitos, implantar el control sobre la distribución local de drogas ilícitas y armas. Asimismo, cuentan con personas que regulan las actividades económicas ilícitas a través del uso de la violencia y rinden cuentas sobre las rentas fruto de las actividades ilegales al grupo armado, en algunos casos sin hacer parte de la estructura orgánica del mismo.

Los grupos armados ilegales, especialmente en el Distrito de Cartagena, amenazan a los líderes y lideresas de organizaciones de víctimas (como la Mesa Distrital de Víctimas), organizaciones de mujeres, y organizaciones sindicales, mediante panfletos, llamadas telefónicas, mensajes de texto y seguimientos en motocicletas cerca de las viviendas o áreas de trabajo. No se ha establecido si las amenazas tienen un trasfondo político o si hacen parte de una especie de “mercenarizacion” de la violencia al servicio de particulares, interesados en acallar las denuncias de los líderes y organizaciones defensoras de derechos humanos, comunidades étnicas y asociaciones sindicales, entre otras.

Es así que el microtráfico en Cartagena hace parte del subsistema del tráfico de drogas que abastece de cantidades importantes de drogas ilícitas a las organizaciones delincuenciales del Distrito, encargadas del suministro sistemático de drogas en pequeñas cantidades, con embalaje, pureza y periodicidad definidas. Por su tamaño, población y complejidad, la ciudad se ha convertido en un centro de disputa para este negocio.

En Cartagena, en los últimos dos años, ha aumentado el número de denuncias sobre amenazas, homicidios y participación en economías ilegales (expendio local de drogas ilícitas, extorsión, sicariato, entre otras), que involucran a NNA, quienes representan más del 35% la población total del distrito (proyecciones DANE a 2016). Cartagena ha sido señalada, incluso, entre las primeras ciudades de Colombia con mayor número de pandillas del país. Sin embargo, a pesar de los programas implementados por la institucionalidad, los riesgos que afectan a este grupo población se mantienen y deben ser estudiados con mayor detenimiento, en la medida que pueden estar relacionados con organizaciones armadas ilegales que podrían estar interesadas en controlar el territorio a través de estas pequeñas agrupaciones locales conformadas en su mayoría por NNA y Jóvenes habitantes de barrios marginales de la ciudad.

Los denominados jóvenes en riesgo, pertenecen a los grupos de pandillas y consumidores de sustancias psicoactivas, durante 2015 vieron afectados sus derechos por causa de las amenazas proferidas por medio de panfletos difundidos por las autodenominadas Águilas Negras y Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC- (Urabeños o Clan Usuga o ahora llamados por la Fuerza Pública Clan del Golfo).

La circulación de estas amenazas, hace parte de los mecanismos de vigilancia y control de los grupos ilegales que buscan ejercer influencia en algunos sectores del Distrito de Cartagena, por medio de la imposición de normas de conducta y castigos a los jóvenes en riesgo que se oponen a sus exigencias e intereses. Los adolescentes y jóvenes se constituyen en una población en alto riesgo de vulneraciones de los derechos humanos. Según cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero de 2014 y diciembre 2015, de los 572 homicidios ocurridos en el Distrito de Cartagena, 233 víctimas fueron menores de 25 años de edad, es decir el 40,73% del total. Un alto número de homicidios son cometidos con arma de fuego y en acciones catalogadas como violencia interpersonal (riña común y entre pandillas) acciones sicariales y ajuste de cuentas. Esta tendencia se mantiene para el primer semestre de 2016, es así por ejemplo en el mes de junio, 17 de las 21 víctimas mortales tenían menos de 40 años y de estas 11 tenían 25 años o menos; siendo la causa principal de la muerte las riñas callejeras.

Los grupos ilegales y las organizaciones criminales para ocultar su participación en la comisión de delitos, estarían cooptando bandas delincuenciales o pandillas o personas que cuentan con escaso conocimiento sobre la estructura armada. Mediante esta estrategia pretenden controlar la distribución local de drogas ilícitas y armas. En el Informe de Riesgo de Inminencia 018 emitido el 9 de octubre de 2015 por el SAT, se informó que para el ingreso de los jóvenes en riesgo a los grupos ilegales, deben primero realizar acciones

sicariales, incluso contra sus antiguos compañeros de pandilla.

El reclutamiento y utilización ilícita de NNAJ, obedece a que estos pueden desarrollar actividades delictivas con menor riesgo de ser capturados y de serlo, menor gravedad en la penalización. Los menores de edad y los jóvenes son utilizados en labores de informantes, vigilancia y tráfico de droga, sin ser detectados por las autoridades. La utilización ilícita de menores de edad se realiza inicialmente ofreciendo motos, armas, drogas, dinero y otro tipo de prebendas a través de las fiestas barriales o los bailes populares, e incluso dentro de las instituciones educativas o a sus alrededores. Una vez se integran al grupo, reciben entrenamiento y realizan acciones específicas que se le encomienden, como el cobro de extorsiones, amenazas o sicariato. Muchos jóvenes que son capturados por homicidio, extorsión, amenazas, hurto (entre otros delitos), presentan antecedentes delincuenciales desde antes de cumplir la mayoría de edad, como consecuencia de su vinculación a temprana edad a los grupos ilegales y/o organizaciones criminales.

La Alcaldía Distrital de Cartagena, para contrarrestar la vinculación de NNAJ en actividades delictivas, con apoyo de la Policía Metropolitana ha implementado la llamada “Ley Zanahoria” para que los menores de edad no asistan, sin la compañía de cualquiera de sus padres, representante legal o persona mayor responsable, a lugares considerados de uso público en el Distrito, en el horario comprendido entre las 10:00 de la noche hasta las cinco de la mañana. Esta medida no ha tenido los resultados esperados porque se limita a restringir libertades pero no involucra programas preventivos de carácter complementario.

Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, entre enero de 2011 y marzo de 2016 se registraron 6.800 víctimas de amenaza en el Distrito (quinta ciudad del país con el mayor

número de registros). Al revisar las cifras reportadas por dicha entidad para el periodo enero – marzo de 2016, Cartagena reporta 262 casos lo que la ubica como la sexta ciudad con mayor número de denuncias de amenaza.

Los grupos poblacionales afectados por situaciones de amenazas son: los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas de la mesa municipal de víctimas, líderes, lideresas y personas que promueven procesos de restitución de tierras (principalmente por territorios ubicados en otras zonas del departamento, pero que por razones de seguridad debieron desplazarse a la ciudad), las mujeres y niñas, población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, autoridades étnicas, líderes sindicales y población socialmente estigmatizada (menores de edad que integran grupos de delincuencia barrial o pandillas, consumidores y expendedores de alucinógenos y trabajadoras sexuales). La multipertenencia ha sido identificada como un factor que aumenta el riesgo para los líderes sociales y defensores de derechos humanos, porque a mayor cantidad de procesos reivindicativos o de liderazgo pertenezca, mayor es la posibilidad de ser víctima de amenaza; y si a lo anterior se le suma la condición de género, etnia u orientación sexual, se incrementa el nivel de riesgo.

El informe fue presentado por Jorge Enrique Calero Chacón, Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH y Director del Sistema de Alertas Tempranas –SAT