Solicitan reubicación de familias afectadas por derrumbe en Cundinamarca

La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva advertencia frente al riesgo inminente al que se enfrentan 29 personas que habitan al final de la vía Bogotá - Villavicencio en la inspección de Puente Quetame, municipio Quetame (Cundinamarca), luego de constatar que cerca de allí se han registrado deslizamientos de tierra. 

Las viviendas donde residen 14 adultos y 15 niños, presentan grietas y fisuras ocasionadas por las detonaciones adelantas en la construcción de la galería de escape del túnel N° 6 en la doble calzada, situación que se puede agravar por los nuevos deslizamientos registrados en la zona.

Los problemas estructurales de las viviendas, también serían producto de la socavación que hace el río Rionegro en la ladera, situación que se ve agravada por la inestabilidad geológica del terreno y el paso continuo de vehículos de carga pesada que producen una vibración constante sobre las viviendas.

La Defensoría viene denunciado esta situación desde el año pasado y ha hecho un permanente acompañamiento a la población afectada. Por ello, interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que concedió, el pasado 26 de enero, medidas cautelares, ordenándole al municipio de Quetame y a la gobernación de Cundinamarca, la reubicación de los afectados. Pese a la determinación del Tribunal, las familias no han sido reubicadas.

El consorcio Coviandes S.A, encargado de la construcción de la obra, debió comprar los predios donde residen los afectados. No obstante, aduce que las personas deben ser desalojadas porque se trata de viviendas ilegales. Sin embargo, se pudo verificar que la mayoría de los predios afectados fueron construidos hace más de 40 años y cuentan con certificados de tradición y libertad, por lo tanto no son predios de invasión. Por el contrario, cuentan con servicios públicos básicos como agua, luz, teléfono y gas y sus propietarios tributan al municipio. 

Dado que la Defensoría ha hecho varios llamados a partir de las denuncias corroboradas, una vez más solicita, tanto al municipio como a la gobernación la reubicación de las 29 personas que se encuentran en situación de riesgo.