El cobro de estampilla pro hospitales en Barranquilla: un tira y afloje de nunca acabar

Barranquilla

El más reciente capítulo del largo novelón del cobro de estampilla pro hospitales en la ciudad de Barranquilla, tiene como protagonistas al grupo empresarial ARGOS y a los notarios de la ciudad.

Una de las exigencias de la norma que ampara el impuesto va dirigida a los notarios de la ciudad que deben poner como requisito indispensable, a personas naturales y jurídicas, la presentación del paz y salvo por dicho pago para permitir el traspaso de un inmueble.

Sin embargo, en una auditoría realizada por el distrito, se evidenció que una notaría (Tercera) hacía dicha exigencia a todos los contribuyentes menos a las empresas del grupo ARGOS, situación que desencadenó otra polémica en la que tomó partido el cuerpo colegiado de notarios del país que preside Álvaro Rojas.

De acuerdo con Rojas, las estampillas quedaron suspendidas en el país a partir de la Constitución del 91. Además el estatuto Registral o Ley 1579 de 2012, parágrafo segundo del artículo 15 prohíbe el cobro de cualquier impuesto diferente al de registro o beneficencia y tesorería.

“El problema no es de Argos sino de todas las personas que venden o transfieren bienes inmuebles”, dijo.

Indicó el notario que en el departamento de Caldas ocurría algo similar en el departamento de Caldas, pero el gobernador entendió los argumentos y reversó el cobro de dicha estampilla.

“La señora alcaldesa (de Barranquilla) está equivocada. Ella sabe que el Consejo de Estado anuló esa decisión de la Asamblea del Atlántico, y aunque la decisión está apelada, los argumentos para el cobro de dicho impuesto es totalmente ilegal e inconstitucional”.

Insistió en que los alcaldes no pueden estar creando o inventando estampillas para financiar cualquier obra en su ciudad o municipio, y que la alcaldesa debe asumir una actitud ajustada en derecho y echar para atrás la exigencia, y no insistir más en ello. “Aquí no hay fundamento legal para insistir en la aplicación de dicha norma”.

A su turno el secretario de Hacienda del distrito, Raúl Lacouture, dijo que hay una realidad jurídica que ampara el cobro de dicha estampilla.

“La estampilla está avalada en una ley nacional, determinada para el departamento del Atlántico, creada por una Ordenanza de la Asamblea departamental y reglamentada por un Acuerdo del Concejo distrital”.

La estampilla, que se cobra en Barranquilla desde el año 2009, le ha permitido al distrito recaudar más de 165 mil millones de pesos que se han invertido en la construcción y reconstrucción de hospitales y puestos de salud a lo largo y ancho de la ciudad.

Sin embargo las Administración insiste en que se hace necesario seguir cobrando dicho impuesto para mantener el servicio en dichos centros hospitalarios.

La estampilla permite gravar las transacciones de enajenación de bienes inmuebles en un 1,5 por ciento del costo de dicha venta, pero un fallo del Consejo de Estado tumbó parte del articulado de la Ordenanza que la creó.

El gremio de la construcción en la ciudad (CAMACOL) demandó el cobro de la estampilla pro-hospitales de niveles I y II el año 2013 pues el mismo los afecta directamente, pero el distrito tramitó la creación de dicho cobre a través de un proyecto de Ordenanza que le permitió revivir dicho impuesto.

Sin embargo el año 2010 los constructores proceden nuevamente a demandar dicho cobro argumentando que la base gravable de dicho impuesto no estaba establecida adecuadamente. En esta ocasión el Consejo de Estado dejó sin asidero los artículos que se refieren a dicha base.

A partir de entonces se han generado una serie de controversias entre el Distrito y los constructores porque el cobro se sigue exigiendo pese al fallo.

Camacol dijo en un comunicado que reconoce las bondades del destino de dichos recursos, pero insistió en que el Distrito debe “explorar conjuntamente (con ellos) fórmulas ajustadas a la ley que permitan, en adelante arbitrar los recursos que demanda el sistema de salud distrital”.