Nuevo modelo tarifario de aseo busca asegurar ingresos mínimos y protección social para recicladores

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) rindió cuentas ante la Corte Constitucional sobre las nuevas reglas del servicio de aseo en el país, diseñadas para garantizar el sustento económico y la estabilidad laboral de los recicladores de oficio.

Durante una audiencia pública de seguimiento al cumplimiento de las órdenes judiciales que protegen a este gremio, los directivos de la entidad explicaron los alcances de la Resolución 1040 de 2026. Esta normativa establece el nuevo modelo de tarifas para los grandes operadores de basura e integra mecanismos financieros para remunerar formalmente el aprovechamiento de residuos.

Según señaló Gloria Esperanza Narváez Tafur, directora ejecutiva de la entidad reguladora, el propósito de esta reforma es equilibrar las condiciones financieras, para que las organizaciones de recicladores puedan sostenerse económicamente y cubrir los gastos reales de su operación diaria.

Durante la diligencia, el comisionado Juan Camilo Acevedo Páez precisó que el esquema tarifario dejará de ver el reciclaje como una actividad marginal para integrarlo con pagos específicos dentro de la factura del aseo.

¿En qué consisten los beneficios para el gremio?

La regulación busca que las organizaciones de recicladores puedan operar de manera sostenible sin perder terreno frente a las grandes empresas. Las nuevas garantías incluyen la creación de un ingreso mínimo vital dentro de la tarifa de aseo y la asignación de recursos específicos para la seguridad y protección social de estos trabajadores.

También, el reconocimiento financiero de los costos de recolección, transporte y el reemplazo progresivo de vehículos de tracción humana por automotores o equipos asistidos. Así mismo, el pago por el funcionamiento de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), los gastos administrativos y el desarrollo de campañas pedagógicas para que los ciudadanos separen mejor sus basuras.

Adicionalmente, la Comisión entregó un balance sobre las órdenes emitidas por la Corte en el Auto 2059 de 2025, respecto a la situación de la capital del país. Para evitar que los recicladores bogotanos pierdan beneficios mientras entra en plena vigencia la norma nacional.

Además, adelantó mesas de concertación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), estructurando un régimen de transición que protege la remuneración y las garantías operativas del sector en Bogotá mientras se implementa por completo la nueva regulación nacional.