Defensoría advierte deudas en vivienda y titulación de tierras para sobrevivientes de Armero

Tolima

A 41 años de la tragedia de Armero, la Defensoría del Pueblo informó que los sobrevivientes y sus descendientes continúan enfrentando las consecuencias sociales, económicas, familiares y emocionales de la avalancha provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985.

Los cálculos del Ministerio Público indican que el evento dejó entre 21.000 y 28.000 personas fallecidas; entre 3.000 y 4.000 desaparecidas y desaparecidos, incluidos más de 400 niños y niñas, y entre 4.000 y 12.000 sobrevivientes.

Como consecuencia de la destrucción del casco urbano, la cabecera municipal fue trasladada a Armero-Guayabal y numerosas familias se dispersaron hacia lugares como Lérida, Ibagué, Bogotá y Medellín. Las personas tuvieron que abandonar sus hogares, perder sus bienes y medios de subsistencia, y reconstruir sus vidas en otros territorios.

“El caso evidencia formas de movilidad humana, como el desplazamiento forzado de quienes tuvieron que abandonar su territorio y la reubicación de la población en Armero-Guayabal, Lérida y otras ciudades y municipios del país. Las deficiencias en la planificación de estos procesos y la falta de soluciones integrales prolongaron las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades afectadas”, sostiene la Defensoría.

Según la entidad, las consecuencias de la tragedia persisten, aunque hayan pasado cuatro décadas. El desplazamiento y los procesos de reubicación han marcado la fragmentación de las familias y las comunidades, el desarraigo y las dificultades para acceder a una vivienda digna, servicios básicos, seguridad jurídica sobre la propiedad y oportunidades económicas.

¿Qué se ha cumplido?

En 2025, la Defensoría del Pueblo presentó en Honda, Tolima, la investigación ‘Armero: ¿40 años de vulneración de derechos? Memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia’, en la que formuló 23 recomendaciones.

A un año de su presentación, el seguimiento muestra avances limitados y varios compromisos pendientes, especialmente en materia de restitución material, vivienda, salud mental y búsqueda de personas desaparecidas:

• Una se cumplió totalmente: la correspondiente a la producción del documental institucional sobre la memoria de Armero.
• 15 presentan cumplimiento parcial: están relacionadas con el censo y la caracterización de sobrevivientes, acciones afirmativas, declaratoria de bienes de interés cultural, creación del Centro de Memoria Histórica, reglamentación y financiación de las leyes 1632 de 2013 y 2505 de 2025, y actuaciones de saneamiento predial.
• 7 continúan incumplidas: entre ellas, el reconocimiento oficial de la población sobreviviente, su priorización en programas de vivienda y acceso a tierras, la atención psicosocial integral, las rutas turísticas de memoria y la creación de un mecanismo nacional de búsqueda de personas desaparecidas en desastres.

Para cumplir los compromisos pendientes, la Defensoría les recomendó a las diferentes instancias:

• Caracterizar a la población afectada: realizar un censo nacional que permita identificar a las personas sobrevivientes de Armero y sus descendientes, incluidas aquellas que residen fuera del país.
• Garantizar vivienda y acceso a tierras: priorizar a esta población en programas de vivienda de interés social, asignación de tierras y medidas de restitución patrimonial.
• Fortalecer la atención en salud: brindar atención integral y acompañamiento psicosocial frente a las afectaciones emocionales y familiares que persisten a través de las generaciones.
• Impulsar la búsqueda y reunificación familiar: desarrollar un programa de búsqueda e identificación de niñas y niños desaparecidos durante la tragedia.
• Avanzar en el saneamiento predial: culminar el proceso de formalización y saneamiento de los predios del antiguo municipio de Armero.
• Preservar la memoria histórica: crear el Centro de Memoria Histórica de Armero y fortalecer el museo como espacio permanente de investigación, divulgación y formación.

La Defensoría aseguró que continuará vigilando el cumplimiento de las recomendaciones y acompañando a los sobrevivientes y sus familias en la garantía de sus derechos.