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Defensoría alerta sobre escuelas de formación militar de grupos ilegales en el Oriente de Antioquia

Así lo dio a conocer el Ministerio Público mediante una alerta temprana sobre algunas poblaciones del Oriente como Abejorral, Argelia, El Carmen de Viboral, La Unión, Nariño y Sonsón.

Alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en Risaralda por grupos armados (getty images)

Alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en Risaralda por grupos armados (getty images)

Alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en Risaralda por grupos armados (getty images)

Antioquia

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 028-2026, en la cual advierte una serie de hechos violentos contra las comunidades en la subregión del Oriente de Antioquia, pero con mayor énfasis en Abejorral, Argelia, El Carmen de Viboral, La Unión, Nariño y Sonsón. El riesgo lo están generando las confrontaciones de los grupos armados ilegales, El Clan del Golfo, mediante el frente “Gener Morales” y “El Mesa” con amenazas, desplazamientos forzados, homicidios y hasta escuelas de formación militar.

En cuanto a este último aspecto, la defensoría advierte que estas escuelas o campamentos militares habrían sido instalados por el Clan del Golfo, especialmente en las poblaciones de Argelia y El Carmen de Viboral.

“De igual forma, en las zonas consideradas de retaguardia estratégica, el EGC está instalando campamentos y escuelas de formación militar e ideológica, en particular en la vereda Guadualito, municipio de Argelia”, en otra parte agrega. “De acuerdo con la información disponible, la vereda La Honda, en el municipio de El Carmen de Viboral, sería uno de los lugares donde presuntamente se desarrollarían actividades de instrucción militar”, dice la alerta temprana.

Advierte la entidad que el Clan del Golfo estaría ofreciendo hasta $2.500.000 a jóvenes trasladados principalmente desde el norte del Valle de Aburrá, aprovechando la vulnerabilidad de los reclutados, además de los que habitan las zonas de injerencia en el Oriente del departamento.

Exigencia de conductas comunitarias

La Defensoría también advierte sobre la expansión del grupo El Mesa y el afianzamiento del Clan del Golfo de los territorios que ha generado que la situación se agudice, todo por el control de rutas estratégicas en límites con el Magdalena Medio y el departamento de Caldas, zonas de actividad económica con extracción de minerales.

“Asimismo, los caminos secundarios y terciarios atraviesan zonas donde se encuentran asentadas empresas que cuentan con títulos mineros y solicitudes vigentes para la explotación de minerales, como caolín, arcilla, mármol, oro, cobre y zinc, entre otros. Esta condición representa un factor de interés para el EGC y El Mesa, en la medida en que el control territorial y la presencia en estos corredores les permiten ejercer mecanismos de regulación y vigilancia sobre las actividades”.

Estas conductas han ocasionado que las comunidades tengan un cambio en sus actividades comunitarias por exigencias de las dos estructuras armadas, especialmente en la movilidad y normas de conducta, con la aplicación de castigos y multas económicas, además de injerencia en los procesos de las juntas de acción comunal en la zona donde hacen presencia.

“La reconfiguración armada presente está transitando de una disputa predominantemente territorial y económica hacia un modelo de control social con incidencia política, en el cual el EGC y El Mesa buscan controlar corredores y rentas, y también condicionar comportamientos, imponer reglas de convivencia, determinar quién puede permanecer o circular por determinadas zonas y limitar la capacidad de determinados actores sociales para ejercer liderazgo o representación, denunciar y exigir derechos”.

Agrega la Defensoría que, el Clan del Golfo hizo acercamientos a las JAC para incidir en las personas que debían ser elegidas presidentes en la jornada del 26 de abril de 2026 para el período 2026–2030.

El Ministerio Público advierte que El Mesa estaría arrendando viviendas en las poblaciones analizadas para albergar a sus integrantes, que estarían encargados de llevar a cabo actividades de inteligencia, reunir a la comunidad o fiestas en las que participarían menores de edad a quienes les estarían proporcionando estupefacientes.

Finalmente, advierte sobre las consecuencias que se podrían estar presentando en caso de que el gobierno nacional acceda a la solicitud del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre el cambio de denominación del El Mesa, que hoy es un Grupo de Crimen Organizado (GCO) y que pase a ser Grupo Armado Organizado (GAO).

“El eventual cambio de categoría también podría incidir en la dinámica territorial del conflicto, en la medida en que una mayor intensidad de las operaciones de la Fuerza Pública podría generar confrontaciones, repliegues de El Mesa hacia zonas rurales o áreas de difícil acceso y modificaciones en sus mecanismos de control y movilidad. Asimismo, se registrarían afectaciones a la población civil ubicada en territorios donde exista presencia o disputa por parte del grupo armado, especialmente en corredores estratégicos y zonas de frontera intermunicipales”.

Como ya es conocido, en medio de la alerta temprana solicitan a las autoridades realizar planes específicos para disminuir el riesgo en el que están las comunidades.

  • Defensor del Pueblo
  • Alerta
  • Violencia
  • Grupos criminales
Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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