Policía reveló detalles de investigación contra hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero

La Policía Nacional reveló detalles de una investigación adelantada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, DIJIN, contra presuntos actos de corrupción relacionados con seis contratos por más de $17.656 millones destinados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La investigación fue catalogada por la Fiscalía General de la Nación como la tercera fase contra el denominado carrusel de la contratación en Medellín.

El proceso permitió vincular a dos exservidores públicos y dos particulares, quienes enfrentan cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Entre las personas vinculadas está Miguel Andrés Quintero Calle, exfuncionario público de la Alcaldía de Medellín y hermano del exalcalde de esa ciudad, Daniel Quintero.

Según establecieron los funcionarios del Área Investigativa Anticorrupción de la DIJIN, entre diciembre de 2019 y junio de 2023, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA, entregó seis contratos mediante la modalidad de contratación directa al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

La sumatoria de esos contratos alcanzó los $17.656.740.086. Durante la investigación, los funcionarios establecieron que de estos negocios jurídicos se habría producido una apropiación irregular cercana a los $2.500 millones.

De acuerdo con los investigadores, parte de esos recursos públicos fueron desviados mediante la justificación de bienes facturados sin respaldo de adquisición por $1.268.901.800. Además, se evidenciaron sobrecostos en los bienes adquiridos.

La investigación también permitió establecer que los contratos presuntamente fueron otorgados a cambio de una cuota ilícita equivalente al 15 % de cada pago. De este porcentaje, el 10 % estaba destinado al líder del esquema, mientras que el 5 % restante era entregado a los intermediarios encargados de recolectar el dinero.

Entre estos intermediarios, según la investigación, se encuentran el exfuncionario público Álvaro Alonso Villada García y el particular Sebastián Ortega Urán.

A través del análisis de los procesos contractuales, los investigadores establecieron además que la contratación directa era improcedente, debido a que no contaba con estudios de mercado ni actos de justificación. También se detectó la presentación de facturas adulteradas.

Otro de los hallazgos está relacionado con una contratista que, de acuerdo con la investigación, habría intervenido en la elaboración irregular de estudios previos y propuestas, con el propósito de favorecer a una empresa específica.

El 15 de septiembre de 2026 se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra las cuatro personas vinculadas al proceso. Posteriormente, el 2 de octubre, el Juzgado 27 Municipal con Función de Control de Garantías tomó decisiones frente a las medidas de aseguramiento.

En el caso de Miguel Andrés Quintero Calle, el juez impuso una medida privativa de la libertad domiciliaria. Por su parte, a Sebastián de Dios Ortega Urán se le impusieron medidas no privativas de la libertad.

Finalmente, tras las coordinaciones realizadas por el Área Investigativa Anticorrupción, el 3 de octubre de 2026, Quintero Calle fue trasladado y presentado ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, donde se realizó la respectiva reseña dactiloscópica y fotográfica.

Posteriormente, el INPEC realizó su traslado a la vivienda donde deberá cumplir la medida impuesta por el juez.