Grupos criminales usan drones para vigilar y extorsionar a migrantes en frontera con Ecuador

Un informe de las Defensorías del Pueblo de Colombia y Ecuador advierte sobre el agravamiento de la inseguridad y las vulneraciones de derechos humanos que enfrentan las personas en movilidad en el corredor fronterizo entre Ipiales y Tulcán, especialmente en el sector de Rumichaca.

El monitoreo binacional, realizado en julio de 2026 con apoyo de ONU Derechos Humanos, incluyó 59 entrevistas a personas en situación de movilidad humana. El 42,4 % reportó haber sido víctima de discriminación, el 32,2 % de robos, el 23,7 % de extorsión y el 13,6 % de ataques físicos.

Según el informe, los civiles armados aparecen como los principales presuntos agresores. Están relacionados con el 75 % de los casos de violencia sexual, el 66,7 % de los hechos relacionados con muertes violentas, el 63,6 % de los intentos de robo, el 57,9 % de los robos y el 50 % de los ataques físicos.

El documento también registra señalamientos contra integrantes de las fuerzas de seguridad. Las personas entrevistadas los vincularon con el 21,4 % de los casos de extorsión y el 20 % de los hechos de discriminación.

La Defensoría advierte además sobre la presencia de estructuras armadas y organizaciones criminales colombianas y ecuatorianas que disputan corredores utilizados para el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

Entre los grupos identificados aparecen la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Comuneros del Sur y Autodefensas Unidas de Nariño, en Colombia, y Los Lobos y Los Choneros, en Ecuador. El informe también menciona redes transnacionales de tráfico de migrantes y trata de personas.

Uno de los puntos de mayor preocupación está en Tulcán, El Carmelo y Espejo, donde, según el documento, nuevos grupos criminales estarían utilizando drones para vigilar y extorsionar a personas migrantes.

También fueron identificadas redes de “enganchadores” en terminales de transporte, que bajo la fachada de operadores turísticos ofrecen supuestas rutas seguras y cobran hasta 300 dólares por traslados hacia terceros países. Estas personas estarían exponiendo a los migrantes a estafas, abandono y explotación.

El monitoreo señala además riesgos asociados con la minería ilegal de oro en el corredor entre Sucumbíos y Mayasquer, donde se advierten casos de explotación laboral, explotación sexual, violencia y tráfico de personas.

En cuanto a la movilidad, el 79,7 % de los desplazamientos registrados fue en dirección Sur-Norte, mientras que el 20,3 % correspondió al sentido contrario. El 66,1 % ingresaba a Colombia y el 71,2 % manifestó que pretendía continuar posteriormente hacia Venezuela.

La principal razón para migrar fue la búsqueda de empleo o generación de ingresos, con el 69,5 %, seguida de la reunificación familiar, con el 16,9 %, y la violencia e inseguridad, con el 13,6 %.

El informe también alerta por la situación humanitaria. Algunas personas pasan días sin comida ni alojamiento y se documentaron casos en los que mujeres y niñas recurrieron al “sexo por supervivencia” ante la falta de recursos.

En Ipiales, el albergue de Pastoral Social atiende en promedio 70 personas al día, pero enfrenta restricciones para garantizar alimentación y atención psicosocial. Durante el primer semestre de 2026, el 40 % de las personas alojadas eran niños, niñas y adolescentes.

Otro de los hallazgos es el bajo nivel de denuncia: el 75 % de las personas consultadas aseguró que no había presentado ninguna denuncia o queja pese a haber sufrido hechos de violencia o vulneración de derechos.

Las Defensorías concluyen que la situación en el corredor Ipiales-Tulcán se ha agravado y reclaman una respuesta binacional que combine seguridad, investigación criminal, atención humanitaria y protección de los derechos de la población migrante. Entre las recomendaciones está fortalecer la inteligencia contra las redes de trata y tráfico de migrantes y establecer mecanismos conjuntos para proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes no acompañados.