La informalidad le cuesta al país 23.5 billones en ingresos: empresarios en el Festival de las Ideas

La formalización de la economía puede convertirse en una fuente inmediata de recursos para el Estado y, al mismo tiempo, en una herramienta para recuperar empleo, inversión y capacidad productiva en las regiones. Esa fue una de las principales conclusiones del panel “El reto de los empresarios en el próximo cuatrienio: ¿cuál debe ser su papel y su liderazgo?”, realizado en el Festival de las Ideas 2026.

El dato que marcó la discusión fue presentado por Alejandro Jiménez, country manager de Aris Mining Colombia: de acuerdo con las cifras expuestas durante el panel, cerca del 86 % del oro producido en Colombia es informal y una parte significativa de ese porcentaje tendría vínculos con grupos armados ilegales. La estimación empresarial apunta a que la formalización de esa actividad podría representar hasta $23,5 billones anuales adicionales en impuesto de renta. “Si uno piensa en las últimas reformas tributarias, estamos hablando entre una y dos que estamos perdiendo”, afirmó Jiménez.

El planteamiento surgió en medio de una discusión más amplia sobre el papel del sector privado frente al nuevo cuatrienio. La moderadora, Carolina Buendía, CEO de Grupo Zentria, resumió el cambio de escenario empresarial como el tránsito de una etapa de resistencia y adaptación hacia otra de construcción y corresponsabilidad entre empresas, Gobierno y trabajadores.

Formalizar para generar ingresos y desarrollo

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Jiménez explicó que el problema no consiste solamente en entregar títulos a los pequeños mineros, sino en eliminar las barreras que les impiden desarrollar legalmente su actividad. Entre ellas mencionó los planes mineros, las licencias ambientales, el acceso a explosivos y otras exigencias que, en la práctica, dificultan la formalización.

El empresario planteó que las compañías mineras pueden participar en ese proceso mediante modelos de cooperación con pequeños productores. Puso como ejemplo experiencias desarrolladas en Segovia y Marmato, donde los mineros pueden acceder a plantas de procesamiento, canales de comercialización y herramientas técnicas de compañías industriales.

Según explicó, mientras los procesos informales pueden recuperar alrededor del 40 % del oro extraído, una planta especializada puede alcanzar recuperaciones de entre 90 % y 95 %. La formalización, además, permitiría avanzar en contratación laboral, seguridad social, bancarización y compras locales.

“Ellos quieren ser buenos mineros formalizados, pero nosotros tenemos que otorgarles las herramientas para poderlo hacer”, afirmó Jiménez.

El llamado del sector empresarial también incluyó estabilidad jurídica y reglas que permitan atraer inversión de largo plazo. Para Jiménez, Colombia ya cuenta con una actividad minera existente que puede incorporarse a la economía formal sin necesidad de crear una nueva industria.

La informalidad también golpea el empleo

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Ricardo Urrutia, presidente de Cafam, trasladó la discusión al mercado laboral. Según explicó, las cajas de compensación cuentan con información directa sobre el comportamiento del empleo formal y han encontrado diferencias frente a algunas cifras oficiales. “Creemos que se ha generado empleo, pero no empleo formal”, sostuvo Urrutia.

El empresario señaló que durante 2025 Cafam contribuyó a colocar 81.000 puestos de trabajo mediante programas de fomento del empleo y la actividad empresarial, atendió alrededor de 1.700 microempresas y desarrolló programas de capacitación para más de 138.000 trabajadores.

Para Urrutia, uno de los desafíos del próximo cuatrienio será conectar las necesidades de las empresas con una fuerza laboral mejor preparada. La formación y las competencias, dijo, son fundamentales para aumentar la productividad y generar empleos de calidad.

Nueva EPS, otro frente urgente

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El otro gran foco de preocupación del panel fue la situación de Nueva EPS, entidad que presta servicios a más de 11 millones de colombianos y cuyo principal accionista es el Estado, con el 51 % del capital, según explicó Urrutia.

El presidente de Cafam aseguró que actualmente no existe información financiera completa de la entidad desde 2023 y que las estimaciones sobre su déficit son todavía proyecciones. Una de ellas lo ubica en alrededor de $12 billones, aunque advirtió que existen cálculos superiores. “Lo primero que tiene que ocurrir es que hay que devolverle la legitimidad al aseguramiento en salud”, afirmó.

A su juicio, se necesita un programa de estabilización que no se limite a Nueva EPS, sino que abarque todas las EPS intervenidas, con el objetivo de que los usuarios perciban mejoras concretas en la prestación de los servicios y en la entrega de medicamentos.

El presidente de Cafam sostuvo que la magnitud del problema supera la capacidad financiera de cualquiera de los socios individualmente y requiere la participación del Estado y cambios en el marco regulatorio. Entre las medidas mencionó una actualización de la UPC y un reajuste para 2027, además de mecanismos excepcionales para enfrentar la crisis financiera.

Menos trámites, más recaudo

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Carlos Andrés Ortiz, vicepresidente de Relaciones Corporativas de Diageo Colombia y presidente de la junta directiva de Prolicores, planteó que el Estado no necesariamente debe buscar mayores ingresos únicamente mediante nuevos impuestos. Una alternativa, sostuvo, está en simplificar y modernizar la regulación.

El vicepresidente de Relaciones Corporativas de Diageo aseguró que importar una bebida alcohólica a Colombia puede tardar 272 días, frente a períodos de entre 54 y 60 días en México y Perú. También cuestionó la permanencia de trámites que considera obsoletos. Como ejemplo, explicó que la industria vende alrededor de 150 millones de unidades de bebidas listas para tomar y que Colombia mantiene la exigencia de una estampilla física para estos productos.

Según sus cifras, los departamentos destinan más de $26.000 millones al año a la compra de estas estampillas. “Creemos que si, por ejemplo, tenemos una conversación de construcción de confianza con el nuevo gobierno, con las autoridades departamentales, para pensar en cómo suprimir o modernizar este tipo de medidas, tenemos garantizado un incremento del recaudo muy en el corto plazo”, afirmó Ortiz.

Además, advirtió que una regulación excesiva y una elevada carga tributaria pueden abrir espacios al contrabando y la falsificación, afectando tanto a las empresas formales como a los ingresos públicos.

Empresa, Estado y comunidad

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Juan Carlos Restrepo, vicepresidente de BAT, coincidió en esa necesidad de construir una relación diferente entre el sector privado y el Estado. Para el empresario, las industrias altamente reguladas y gravadas necesitan reglas claras y espacios de diálogo para evitar que las restricciones terminen incentivando la ilegalidad. “Cada barrera o cada medida equivocada en una industria como esta le abre un espacio a la ilegalidad”, afirmó.

En el cierre del panel, los empresarios insistieron en que el sector privado no debe sustituir al Estado, pero sí puede contribuir a generar empleo, inversión, innovación y desarrollo territorial. Ortiz resumió esa responsabilidad en una relación de tres actores: Estado, empresas y comunidades. “Tiene que haber un balance y un consenso entre los tres para que pueda desarrollarse la actividad económica”, señaló.

Desde el sector minero, Jiménez sostuvo que la experiencia de formalización en Segovia demuestra que los pequeños productores pueden convertirse en actores productivos y contribuir a la economía legal. Allí, según explicó, cerca de 4.000 mineros formalizados producen alrededor de 100.000 onzas de oro y unas 12.000 personas están afiliadas a la seguridad social.

La discusión terminó con un llamado a mantener abierto el diálogo entre Gobierno, empresas y comunidades. Para los participantes, el próximo cuatrienio plantea oportunidades concretas para convertir la formalización, la simplificación regulatoria y la recuperación de sectores estratégicos en fuentes de empleo, recaudo y desarrollo.