Defensoría alerta por acelerada expansión de la minería ilegal en el sur del Tolima
La Defensoría ha emitido una alerta que advierte sobre la expansión de la minería ilegal de Ataco a municipios como Coyaima, Chaparral y Planadas, entre otros.
Tolima
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la grave crisis de la minería ilegal en el sur del Tolima, fenómeno social que ha generado múltiples afectaciones a los derechos humanos de las comunidades en los municipios de Ataco, Coyaima y Chaparral, al igual que profundos impactos en el medioambiente de la zona.
Según la Defensoría, en Ataco la problemática se presenta desde hace aproximadamente dos años, mientras que en los demás municipios se registra una expansión acelerada de la actividad.
Desolador panorama en Ataco
Ataco, municipio priorizado en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), presenta condiciones estructurales de vulnerabilidad asociadas a los efectos históricos del conflicto armado, la pobreza multidimensional y las limitadas capacidades institucionales, según informe del Ministerio Público.
Estas condiciones han favorecido la expansión de economías ilícitas, particularmente la extracción ilícita de oro, que hoy constituye uno de los principales factores de riesgo de vulneración de los derechos humanos y del control territorial del Estado.
La minería artesanal que históricamente han desarrollado las comunidades mediante herramientas tradicionales ha sido desplazada por un modelo de explotación ilícita basado en el uso intensivo de maquinaria pesada, acompañado por el ingreso masivo de población flotante y el fortalecimiento de grupos armados que ejercen presión sobre el territorio.
La llegada de unas 5.000 personas atraídas por esta actividad ha incrementado la presión sobre los servicios públicos, la oferta institucional y las dinámicas económicas locales. También ha generado mayores riesgos de vulneración de derechos, explotación laboral, incremento del costo de vida y deterioro de las condiciones de convivencia.
La magnitud de la explotación ilícita ha favorecido igualmente el fortalecimiento financiero de grupos armados ilegales que ejercen control territorial, económico y social sobre diferentes sectores, lo que incrementa el riesgo de homicidios, amenazas, extorsiones y otras formas de violencia.
En materia de seguridad, durante 2025 se registraron cuatro homicidios en el municipio de Ataco y, en lo corrido de 2026, se han registrado 27, la gran mayoría bajo la modalidad de sicariato, lo que refleja un dramático aumento del 575 %.
Un fenómeno que se expande
La explotación ilícita, desarrollada en gran medida sin títulos mineros, licencias ambientales ni controles, ha ocasionado graves afectaciones sobre los ríos Saldaña y Atá.
Además, la Defensoría identificó procesos de deforestación, erosión de suelos y destrucción de más de 230 hectáreas de ecosistemas estratégicos en el municipio de Ataco, mientras la actividad se expande de manera progresiva y acelerada hacia Chaparral y Coyaima.
Las autoridades estiman la presencia de cerca de 200 máquinas dedicadas a estas actividades. La problemática produce afectaciones simultáneas sobre derechos colectivos como el ambiente sano, el agua potable y la seguridad alimentaria.
Los mayores impactos recaen sobre víctimas del conflicto armado, comunidades campesinas e indígenas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, todos sujetos de especial protección constitucional.
Las dinámicas observadas en Ataco ya generan efectos en Chaparral y Coyaima y podrían extenderse hacia Rioblanco y Planadas. Estos municipios, en su conjunto, representan cerca de la cuarta parte del departamento del Tolima. Se encuentran en una región en la que existen corredores estratégicos utilizados por economías ilícitas y estructuras armadas, situación que profundiza la crisis territorial y humanitaria.
