Ministra de Salud denuncia supuesto cobro del 8% en su nombre y pone bajo la lupa $2,9 billones

La llegada de Ana María Vesga al Ministerio de Salud estuvo seguida de una revisión de los recursos y compromisos que encontró en la entidad. Un mes después de asumir el cargo, la ministra reveló en un pronunciamiento público, que entre los primeros hallazgos aparecen $2,9 billones que estaban comprometidos, pero que todavía no se habían convertido en obligaciones y pagos, además de proyectos que no tenían registro presupuestal.

Pero la revisión también llevó a la funcionaria a presentar una denuncia ante la Fiscalía por una grabación en la que, según contó, se habla de un supuesto cobro del 8 % de los recursos en su nombre y el de su equipo.

En ese orden de ideeas, el Ministerio recibió en agosto una apropiación de $4,4 billones en el principal rubro de estas asignaciones. De ese monto, $4,3 billones estaban comprometidos, mientras que apenas $1,3 billones habían sido obligados y pagados. La diferencia, de acuerdo con las cifras entregadas por Vesga, se acerca a los $2,9 billones.

La diferencia no significa, por sí sola, que esos recursos hayan desaparecido o que exista un delito. Se trata de recursos que figuraban como comprometidos, pero que no habían avanzado hasta la etapa de obligación y pago, razón por la que la nueva administración decidió revisar qué había detrás de esas asignaciones y no se tratase de un caso de corrupción.

En esa misma revisión quedaron bajo análisis 28 resoluciones que contemplaban 176 proyectos por más de $490.000 millones. Según la información presentada por la ministra, 108 de esos proyectos, por aproximadamente $365.604 millones, aún no tenían registro presupuestal. Cerca del 83 % de ese valor correspondía a obras de infraestructura.

El Ministerio frenó nuevos trámites mientras revisaba los recursos

Ante esas cifras, Vesga informó que el 10 de agosto, tres días después de asumir como ministra, expidió una circular interna para suspender temporalmente nuevos procesos de contratación, nuevos contratos y convenios, contratos de prestación de servicios y las prórrogas, adiciones o modificaciones sustanciales de contratos que ya estaban vigentes.

La decisión, según explicó la funcionaria, buscaba detener nuevos compromisos mientras se establecía qué recursos habían sido asignados, cuáles contaban con los soportes correspondientes y cuáles debían ser revisados.

Además, la ministra puso sobre la mesa otro elemento que considera de especial gravedad, un audio relacionado con la gestión de recursos y pagos del Ministerio.

¿Qué aparece en el audio?

De acuerdo con la denuncia de la ministra, en la grabación uno de los participantes menciona que habría que reconocer un porcentaje para la “Doctora Vesga y otro para su equipo, para un total del 8 %”.

También se habla de una supuesta reunión con el director de infraestructura y sus equipos técnicos, que habría sido coordinada mediante un canal privado.

Es importante aclarar que la ministra no presentó ese contenido como un hecho probado. La propia funcionaria señaló que corresponde a la Fiscalía determinar si el audio es auténtico, quiénes participaron en la conversación y cuál puede ser su valor dentro de la investigación.

Vesga, además, negó cualquier participación suya o de su equipo en un supuesto cobro.

“Jamás hemos solicitado, autorizado, recibido ni permitido que nadie solicite un solo peso por porcentaje, comisión o beneficio en mi nombre o de alguien del Ministerio”, afirmó.

La ministra añadió que quien haya utilizado su nombre para pedir dinero o intentar negociar recursos públicos tendrá que responder ante la justicia.

La denuncia ya fue presentada ante las autoridades

El caso pasó formalmente a la Fiscalía. Vesga aseguró que el 5 de septiembre presentó personalmente una denuncia, en averiguación de responsables, por la posible comisión de delitos contra la administración pública.

Junto con la denuncia entregó el audio para que las autoridades establezcan su autenticidad y determinen si puede ser utilizado como elemento probatorio.

Por ahora, la existencia del audio no permite concluir que el supuesto cobro haya ocurrido ni que las personas que aparecen o son mencionadas en él hayan cometido un delito. Eso es precisamente parte de lo que tendrá que establecer la investigación.

La Fiscalía deberá determinar quiénes participaron, qué relación tenían con los recursos mencionados y si hubo algún intento real de solicitar o negociar dinero a cambio de la gestión de recursos públicos.

Mientras tanto, el Ministerio anunció que continuará con su propia revisión administrativa y que cruzará la información de la grabación con las resoluciones, los proyectos, sus beneficiarios, los soportes técnicos y jurídicos y los registros presupuestales.