Directora del ICBF responde tras denuncias de presunto “perfilamiento” en formulario de la entidad

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Carolina Restrepo, respondió en 6AM W a la polémica generada por un formulario enviado a contratistas de la entidad, que incluía preguntas sobre orientación sexual, pertenencia étnica y otros datos personales.

Restrepo fue enfática en señalar que el cuestionario no fue elaborado por su administración y entregó las fechas para sustentar su explicación: según dijo, los lineamientos son establecidos por Función Pública y el formulario fue construido durante la administración anterior, cuando ella todavía no estaba al frente del Instituto.

“La administración anterior fue la que construyó el cuestionario, cuestionario que también circuló el mismo 3 de agosto”, explicó la directora.

Por lo que, rechazó que se relacione la encuesta con su llegada a la entidad y cuestionó que volviera a difundirse ahora.

“Qué curioso que vuelven a sacarlo ahora, con esta nueva administración, cuando hay escándalostan grandes de corrupción.. Sospechoso” dijo Restrepo.

¿Qué deben hacer los contratistas?

Ante la pregunta de qué deben hacer quienes recibieron el formulario, especialmente frente a las preguntas sobre orientación sexual y pertenencia étnica, Restrepo fue directa al señalar que “No lo hagan, eso no tiene nada que ver con nosotros”.

La directora consideró además llamativo que el cuestionario volviera a circular a través de un chat de contratistas bajo la nueva administración.

“Lo que sí me parece curioso es que ahora lo estén circulando por un chat para achacárselo a esta administración”, afirmó.

Y vinculó esa situación con la revisión que adelanta sobre la contratación del Instituto.

“Por un tema sencillísimo y se llama corrupción”, dijo Restrepo, antes de advertir que su administración está revisando contratos y funciones dentro de la entidad.

“Contrato que no esté soportado, funcionario que no tenga funciones, sale”

La directora aseguró que el ICBF tiene más de 10.000 funcionarios de planta, más de 15.000 contratistas y alrededor de 40.000 madres comunitarias, con presencia en los 32 departamentos y más de 1.000 municipios.

Según Restrepo, ese tamaño de la entidad ha permitido encontrar lo que calificó como “ruedas sueltas” en diferentes áreas.

“No sólo en funciones, sino también en contratación y en el manejo de los recursos”, señaló.

Y resumió así el criterio que aplicará su administración:

“Contrato que no esté soportado, funcionario que no tenga funciones, sale”.

El ICBF ya había informado que el número de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión pasó de 6.427 en 2022 a 9.795 en 2024, un incremento del 89 %. La entidad anunció una revisión para establecer la necesidad de esos contratos, su ejecución, cumplimiento y resultados.

Restrepo aseguró que la revisión continúa y que todavía están contando y analizando la contratación.

La advertencia sobre posibles hallazgos

La directora también lanzó una de las afirmaciones más fuertes de la entrevista cuando fue preguntada por lo que encontró al “abrir el cajón” de la entidad.

“Ustedes no saben la corrupción que estamos encontrando acá”, aseguró.

Sin embargo, durante la entrevista no entregó casos concretos, nombres de contratistas ni cifras de recursos que estén comprometidos en posibles hechos de corrupción.

Sí anticipó que en los próximos días podrían conocerse resultados más específicos de la revisión.

Restrepo también afirmó que ha recibido llamadas y presiones relacionadas con la continuidad de contratos y servicios.

“Yo no voy a ceder a esas presiones”, aseguró.

La directora sostiene que su administración busca determinar qué se necesita realmente, qué se compra y qué funciones están justificadas dentro del Instituto.

La situación de los contratos de primera infancia

La revisión de la contratación se produce mientras el ICBF enfrenta también dificultades con contratos de atención a la primera infancia.

La nueva administración informó que encontró contratos vencidos desde el 31 de julio en 11 departamentos, situación que podía afectar la continuidad de servicios para niños y familias.

Para garantizar la operación hasta diciembre, el ICBF anunció la gestión de más de $253.000 millones.

Restrepo relacionó las presiones que ha recibido con decisiones sobre la continuidad de contratos y reiteró que no permitirá que el argumento de la prestación de servicios sea utilizado para mantener contrataciones que no estén justificadas.

La polémica por “niñez” continuará

Restrepo también confirmó que mantendrá la directriz de privilegiar el término “niñez” en las comunicaciones del Instituto.

La decisión había generado críticas luego de una instrucción de la Regional Huila que puso en el centro de la discusión el uso de la palabra “niñas”.

“La niñez recoge a los dos”, respondió Restrepo al defender que el término incluye tanto a niños como a niñas.

La directora confirmó además que responderá formalmente a la Defensoría del Pueblo sobre este asunto.

¿Por qué retiró el material de “Resistencia Chiquita”?

Otro de los temas que aclaró fue el retiro de un material relacionado con “Resistencia Chiquita”, colectivo surgido después del asesinato de Yuliana Samboní.

Restrepo confirmó que ella misma retiró el elemento de una pared del ICBF y aseguró que allí había distintos símbolos que consideró políticos, entre ellos una esvástica y la hoz y el martillo.

La directora cuestionó además que una niña de seis años hubiera estado detrás de la creación de la organización y sostuvo que el ICBF no puede convertirse en escenario de instrumentalización política de menores.

Reclutamiento de menores y redes sociales

En la entrevista también fue consultada por el reclutamiento de niños y adolescentes y el uso de redes sociales por parte de grupos armados para captar menores.

Restrepo reconoció que controlar el acceso de niños y adolescentes a plataformas digitales es complejo y puso el énfasis en el papel de padres, madres y familias.

La directora considera que el fortalecimiento familiar debe ser una de las principales herramientas para prevenir que los menores sean captados a través de internet.

Una revisión que apenas comienza

La entrevista dejó sobre la mesa dos asuntos centrales para la nueva administración del ICBF: una revisión de la contratación y los recursos de la entidad y un cambio en el enfoque que Restrepo quiere imprimirle al Instituto.

Sobre el formulario, su posición es clara: no corresponde a su administración, comenzó a circular antes de su llegada y los contratistas no deben diligenciarlo.

Sobre la contratación, en cambio, la directora asegura que todavía está revisando y que podrían aparecer nuevos hallazgos.

Por ahora, Restrepo no entregó nombres ni casos específicos de corrupción, pero dejó una advertencia: “contrato que no esté soportado, funcionario que no tenga funciones, sale”.

El próximo paso será conocer qué encuentra finalmente la revisión y si esos hallazgos terminan en decisiones administrativas o en investigaciones de los organismos de control.