Disputa de Comfenalco entre puja jurídica y judicial por el manejo de cerca de $ 1 billón

La crisis en Comfenalco Antioquia se encuentra actualmente en un punto crítico debido a una intensa pugna jurídica y administrativa por el control de la entidad y la gestión de un presupuesto cercano a $1 billón de pesos.

A pesar de que el Gobierno Nacional anunció formalmente el fin de su intervención administrativa en julio de 2026, la transición hacia un nuevo gobierno corporativo ha desatado una fuerte batalla legal entre la Superintendencia del Subsidio Familiar, los directivos, los afiliados y diversos sectores políticos.

La Superintendencia del Subsidio Familiar tomó el control total de la caja de compensación por presuntas irregularidades financieras y la supuesta desviación de $10.000 millones de pesos de los programas de salud contributiva.

Cabe indicar, que La Superintendencia del Subsidio Familiar anunció la designación de Fabián Vicente Mayor Olaya como agente especial de intervención para la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia.

Esta decisión se tomó con el objetivo de dar inicio al proceso de levantamiento de la medida cautelar de intervención administrativa total, ordenada por la Resolución 0563 del 17 de julio de 2026, según confirmó la propia Superintendencia.

La suspensión de la Asamblea y la reacción de los directivos

Entre sus primeras actuaciones, el agente interventor solicitó a Comfenalco Antioquia información sobre su situación financiera, jurídica y administrativa, debido a que el anterior Agente Especial de Intervención se encontraba en término para presentar su informe de entrega. Adicionalmente, ordenó suspender la Asamblea General que habían citado los directivos de la Caja, invocando dos razones: la declaratoria de calamidad nacional, que dificultaría el acceso de los afiliados a esa reunión, y la necesidad del nuevo interventor de hacer un balance del estado de la entidad antes de definir la ruta a seguir.

Esa decisión generó, según el documento consultado, el rechazo inmediato de sectores que, de acuerdo con esa misma fuente, buscarían apropiarse presuntamente de Comfenalco Antioquia.

Desde el 20 de agosto de 2026, Juan Pablo Morales Calle, en calidad de director administrativo suplente, ha acudido a distintos mecanismos jurídicos que, según la fuente, tendrían como propósito entorpecer la labor del agente especial de intervención. Entre ellos figuran un recurso de reposición contra la Resolución No. 0656 del 19 de agosto de 2026 y un derecho de petición que, según esa misma versión, buscaría dilatar la gestión del interventor.

Tres acciones de tutela en curso

Al rechazo administrativo se sumaron tres acciones de tutela presentadas por distintas personas:

• Cindy Yuliana Ríos, de la Asociación Sindical de Salud Famysalud, interpuso una tutela contra la suspensión de la asamblea extraordinaria y contra la designación de Fabián Mayor como agente especial de intervención. La acción fue admitida por el Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín.
• Jhon Fredy Ríos Arboleda, representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Heliconia (Antioquia), presentó una tutela por la misma suspensión ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia. Mediante el Auto Interlocutorio 0165 del 24 de agosto de 2026, ese despacho ordenó como medida provisional al agente especial de intervención mantener la fecha, hora, lugar y orden del día de la septuagésima sexta (LXXVI) Asamblea General Extraordinaria de afiliados, fijada inicialmente por la Resolución AEI 221 de 2026 del 12 de agosto de 2026 para el 31 de agosto de 2026.
• Vicente de Jesús Arcila Giraldo presentó una tutela relacionada con una presunta omisión de respuesta a una solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. AEI 148 del 5 de febrero de 2026, suscrita por el agente interventor de Comfenalco Antioquia, ante el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Medellín.

El documento consultado cuestiona que, en menos de un día, el juez promiscuo de Heliconia, Ricardo Efraín Noguera Hernández, haya ordenado como medida cautelar la realización de la asamblea, decisión que pondría en riesgo más de un billón de pesos de recursos de los trabajadores. Se trata, en todo caso, de una calificación contenida en el documento revisado por este medio y no de un hallazgo judicial independiente.

El presupuesto en disputa

Para la vigencia 2026, el presupuesto anual de ingresos y egresos de Comfenalco Antioquia asciende a $974.707.394.263 en ingresos, frente a $970.667.925.788 proyectados en costos y gastos, lo que arrojaría un resultado del ejercicio de $4.039.468.474.

Estas cifras, cercanas a un billón de pesos, son las que —según la fuente consultada— estarían en el centro de la disputa por el control administrativo de la Caja.

Una elección que completa el nuevo Consejo Directivo

La convocatoria ocurre en medio del proceso de levantamiento de la intervención administrativa que durante varios años estuvo vigente sobre Comfenalco Antioquia y de la reorganización de su Consejo Directivo.

El órgano de dirección de la Caja está integrado por cinco representantes de los empleadores y cinco representantes de los trabajadores. Por eso, la elección convocada para el 31 de agosto será determinante para completar la representación de los empleadores en el nuevo Consejo.

Los representantes de los trabajadores ya fueron designados por el Ministerio del Trabajo durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro.

En esa oportunidad fueron nombrados como principales Ana Milena Mejía Lobo, Andrés Felipe Veloza Montoya, Juan Camilo Lopera Gutiérrez, Carlos Mario Castañeda Monsalve y John Eduardo Madrigal Escobar.

Como suplentes quedaron Elkin Evelio Palacio Herrera, Jeniffer Aguilar Perea, Jesús Hernando Tobón Jaramillo, Nidia del Socorro Gómez Ramírez y Alejandro Bernal Tobón.