Derogatoria de circulares laborales no elimina derechos de trabajadores: abogado explica qué cambia

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La reciente decisión del Ministerio del Trabajo de derogar y dejar sin efectos 11 circulares expedidas durante la administración anterior ha generado dudas entre empleadores y trabajadores sobre los alcances de la medida y sobre las reglas que deberán aplicar las empresas.

La Resolución 2708 de 2026 retiró del ordenamiento administrativo circulares relacionadas, entre otros asuntos, con jornada laboral, trabajo doméstico, estabilidad laboral reforzada, libertad sindical, debido proceso disciplinario, plataformas digitales y negociación colectiva.

En diálogo con Caracol Radio, Diego Felipe Valdivieso Rueda, socio y líder de la unidad de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, explicó que la decisión no significa que los derechos laborales contemplados en la ley hayan sido eliminados.

Según el abogado, el punto central está en la naturaleza de las circulares.

“Los derechos los crea la ley y las dudas interpretativas que puedan existir sobre la ley las resuelven los jueces”, explicó.

Valdivieso señaló que, de acuerdo con la nueva administración, algunas de las circulares habían excedido la función propia de este tipo de instrumentos administrativos al incorporar precisiones, alcances o interpretaciones sobre derechos establecidos directamente en la legislación.

¿Qué cambia para las empresas?

El abogado explicó que algunas de las circulares establecían orientaciones sobre cómo debía adelantarse una investigación disciplinaria contra un trabajador. Sin embargo, recordó que la legislación y la jurisprudencia establecen que estos procedimientos deben estar contemplados en los reglamentos internos de trabajo, respetando principios como el debido proceso, el derecho de defensa, la contradicción, la práctica de pruebas y los recursos.

Con la derogatoria de la respectiva circular, explicó Valdivieso, las empresas deben volver a revisar sus procedimientos a partir de lo que establece directamente la ley y sus reglamentos internos, y no necesariamente seguir el procedimiento que había planteado el Ministerio mediante una circular.

Empresas que ya habían ajustado sus reglamentos

Frente a las compañías que ya habían modificado sus reglamentos internos siguiendo las orientaciones de las circulares, Valdivieso recomendó no asumir automáticamente que deben eliminar todos esos cambios.

Lo que corresponde, según su explicación, es realizar una revisión jurídica para determinar cuáles de las prácticas adoptadas tienen respaldo directo en la legislación y cuáles fueron incorporadas únicamente como consecuencia de las orientaciones contenidas en las circulares.

“Puede ser que las circulares tenían elementos coincidentes” con la ley, explicó el abogado, por lo que algunas de las medidas adoptadas por las empresas podrían mantenerse, mientras otras deberían ser revisadas.

¿Por qué las circulares sí tenían impacto en la práctica?

Aunque una circular no constituye una ley ni, en principio, crea derechos u obligaciones para particulares, Valdivieso destacó que estos documentos sí tenían un efecto práctico importante en las actuaciones de inspección laboral.

Según explicó, los inspectores del trabajo utilizaban las circulares como guía durante sus labores de inspección y vigilancia.

Esto podía generar conflictos cuando una empresa consideraba que determinada interpretación contenida en una circular no correspondía con lo establecido en la legislación.

El abogado sostuvo que esta situación podía terminar incluso en controversias judiciales contra el propio Estado.

Por eso, consideró que la derogatoria busca que las políticas y procedimientos internos de las empresas vuelvan a evaluarse principalmente frente a la ley y no frente a interpretaciones administrativas contenidas en circulares.

Una discusión sobre seguridad jurídica

Recientemente FENALCO señaló que la medida contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y a establecer reglas más claras para empleadores y trabajadores.

Desde la perspectiva de Valdivieso, la discusión no consiste en eliminar derechos laborales, sino en determinar cuál es la fuente jurídica que puede establecerlos y cuáles son los límites de las instrucciones administrativas del Ministerio del Trabajo.

Por ahora, las empresas deberán revisar sus políticas y procedimientos para determinar cuáles de sus prácticas tienen respaldo directo en la legislación vigente y cuáles fueron adoptadas a partir de las circulares que ya no tienen efectos.