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Juzgado de Cartagena admite acción popular contra siete empresas por “telarañas” de cables

El despacho judicial estableció un plazo de diez días, para que las empresas presenten su respuesta

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El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena admitió una acción popular que pretende ponerle freno a la acumulación y el desorden de cables instalados en diferentes sectores de la capital de Bolívar, una situación que, según los promotores del proceso, representa un riesgo para la seguridad de los ciudadanos y afecta el espacio público.

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La decisión fue adoptada por el juez Enrique Del Vecchio Domínguez, quien dio trámite a la demanda presentada por la Veeduría Ciudadana Instrumento Popular, con el acompañamiento de la Veeduría a la Rama Judicial, Vejuca, y la Procuraduría para Asuntos Ambientales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagenapara solucionar lo que los demandantes califican como una verdadera maraña de cables, que permanece expuesta en distintos puntos de Cartagena.

Entre los derechos colectivos cuya protección se solicita están el acceso a un ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas, la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos, la prevención de desastres previsibles técnicamente y el adecuado uso y protección del espacio público.

También se plantea la necesidad de que las obras de infraestructura y el desarrollo urbano se ejecuten de manera ordenada y conforme a las normas, teniendo en cuenta la calidad de vida de los habitantes.

Dentro del proceso fueron vinculadas siete compañías que tienen presencia en Cartagena y que deberán pronunciarse frente a los hechos y las pretensiones de la acción popular.

Se trata de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia Grupo EPM; Unión Fenosa, Redes de Telecomunicación – Ufinet; Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB); Comunicación Celular S.A. (Claro Colombia); UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (Tigo); Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar) y DirecTV Colombia Ltda.

El despacho judicial estableció un plazo de diez días, contados a partir del día siguiente a la notificación, para que las empresas presenten su respuesta y soliciten las pruebas que consideren necesarias dentro del proceso.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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