Alcaldía de Bucaramanga deberá indemnizar a exfuncionarios que fueron declarados insubsistentes

Bucaramanga

El municipio de Bucaramanga tuvo que asumir el pago de indemnización a 16 exfuncionarios que fueron declarados insubsistentes durante la vigencia de la ley de garantías en noviembre de 2025 mientras se realizaban las elecciones atípicas, tras un proceso de conciliación avalado por un juez de la República.

De acuerdo con Manuel Parada, ex asesor de la alcaldía de Bucaramanga y uno de los funcionarios afectados, los hechos ocurrieron en noviembre del 2025 cuando el entonces alcalde designado Javier Sarmiento decidió retirar a 16 funcionarios de la administración municipal, pese a que según afirmó, ya estaba vigente del calendario electoral y existía una directriz de la Procuraduría que restringía este tipo de movimientos en la planta de personal.

“El señor Sarmiento venía de la Procuraduría y sabía exactamente que no podía hacer esos movimientos, sin embargo los hizo y declaró insubsistentes a 16 funcionarios”, indicó Parada.

Según agregó el exfuncionario, 15 de las resoluciones de insubsistencia fueron firmadas por el entonces secretario del interior el Coronel retirado Reynaldo Rojas, mientras que le restante fue suscrita un día después por Javier Sarmiento, quien según relató, había viajado a Bogotá sin firmar el último acto administrativo

Tras la elecciones en enero, los exfuncionarios iniciaron el procedimiento legal correspondiente y mediante conciliación entre la alcaldía de Bucaramanga y posteriormente ante la Procuraduría general de la nación, estos dos procesos fueron aprobados por un juez, lo que dio paso al reconocimiento económico por parte del municipio.

Digo también el exasesor que cada uno de los 16 funcionarios habría recibido una indemnización cercana a los 30 millones de pesos, las reclamaciones económicas comprendieron el periodo entre la fecha en que fueron retirados de sus cargos y el 15 de diciembre de 2025, momento en el que ya se encontraba posesionado un alcalde elegido por voto popular, quien sí tenía la facultad de conformar libremente su equipo de gobierno y no había ley de garantías.

Con esas conciliaciones, concluyó el proceso administrativo, derivado de los retiros efectuados durante la vigencia de la ley de garantías, una actuación que según los afectados, contravino las restricciones establecidas para ese periodo electoral.