Tribunal dejó en firme giro de $1.3 billones a Portugal por nuevo modelo de pasaportes

Luego de que la Procuraduría General de la Nación demandara el contrato estatal por 1.3 billones de pesos para la elaboración de los pasaportes y visas en Colombia y, posteriormente, pidiera medidas cautelares para suspender este giro, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó esta solicitud, por lo que dejó en firme estos desembolsos.

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¿Qué dijo el tribunal?

Según el magistrado José Élver Muñoz, “el juicio de ponderación de intereses no favorece la medida, ante el riesgo cierto de afectación al servicio público de expedición de pasaportes y a derechos económicos de un tercero de buena fe, frente a un riesgo patrimonial no acreditado con el rigor sumario exigido”, menciona.

En su momento se había mencionado que dicho contrato vulneraba los principios de la contratación pública y presentaría varias irregularidades constatadas por el procurador delegado, Marcio Melgosa.

Sin embargo, el magistrado Muñoz explicó que “no se demostró un perjuicio irremediable ni que los efectos de la sentencia serían nugatorios, en tanto el régimen legal de restituciones derivado de una eventual nulidad opera con independencia de que se decrete o no la medida cautelar solicitada”.

Cabe recordar que esta decisión se toma en medio de la demanda que adelanta la Procuraduría contra el convenio entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, en el que se pone en marcha el nuevo modelo de pasaportes, que reemplazaría al que tenía la multinacional Thomas Greg.

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La demanda de la Procuraduría

En la demanda, la Procuraduría General de la Nación asegura que hay una infracción directa con el modelo de contratación que se hizo de forma directa, mas no por una licitación.

Según argumenta el Ministerio Público, la Cancillería contrató de forma directa a la Imprenta Nacional de Colombia, pese a que no contaba con la capacidad para realizar la totalidad del contrato, y eso hizo que tuviera que hacer una alianza con la Casa de la Moneda de Portugal.

Para la Procuraduría, este escenario de subcontratación corresponde a una irregularidad:

“(…) encuentra esta Procuraduría Delegada que la razón para la suscripción de los convenios interadministrativos entre la Imprenta Nacional (INC) y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, es en realidad la selección de un contratista para que preste el servicio del suministro de suministros, situación por la cual se evidencia una subcontratación de la totalidad del objeto para el cual fue contratada la INC por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que conduce a señalar que debió contratarse a alguien idóneo, en el marco de un proceso competitivo”.

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Así, la Procuraduría argumentó que la Cancillería desconoció el estatuto de contratación pública y la pluralidad de oferentes entre los principios de participación, pues la Imprenta Nacional de Colombia no tenía la capacidad de ejecutar el objeto contractual. Por eso, agregó, se debió seleccionar a otro contratista.

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