Angie Rodríguez, del Fondo de Adaptación, en desacuerdo con traslado de $1 billón ordenado por Petro

Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, emitió un concepto al Ministro de Hacienda y a los entes de control señalando su desacuerdo con la petición que hizo el presidente Gustavo Petro de trasladar $ 1 billón de pesos que son para La Mojana hacia la atención de la emergencia del Fenómeno de El Niño.

El documento presenta el concepto técnico, jurídico, presupuestal y contractual sobre la protección de los recursos públicos apropiados para el proyecto “Implementación de Medidas de Recuperación de las Dinámicas Hídricas Naturales de la Región de La Mojana” y los riesgos derivados de una eventual desafectación de dichos recursos.

Incluso, advierte que el documento “no constituye un pronunciamiento político ni una valoración sobre la conveniencia de atender otras emergencias nacionales, las cuales revisten la mayor importancia para el Estado. Su finalidad exclusiva es suministrar información objetiva, verificable y sustentada jurídicamente acerca de la situación presupuestal, contractual y contractual con el propósito de exponer el estado real de los recursos apro instrumentos legales y presupuestales correspondientes”.

Habría ilegalidad en traslado

En el documento, Rodríguez advierte que los recursos del proyecto no constituyen recursos disponibles o de libre utilización, sino que son apropiaciones respaldadas por vigencias futuras autorizadas por el CONFIS, comprometidas mediante el patrimonio autónomo administrado a través del contrato de fiducia mercantil No. 049 de 2012 y vinculadas al cumplimiento de obligaciones contractuales y técnicas actualmente en ejecución.

Es decir, hacer un traslado hacia otra emergencia podría ser ilegal.

Además, señala que un eventual traslado de recursos tendría incidencia directa sobre la posibilidad de ejecutar una política pública concebida para proteger los derechos e intereses colectivos de los habitantes de los municipios de Nechí, Achí, Magangué, San Jacinto del Cauca, Ayapel, Caimito, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Marcos y Sucre, quienes constituyen la población beneficiaria de una intervención integral previamente estructurada, financiada y puesta en marcha por el Estado colombiano.