Minjusticia pide a Fiscalía y Corte una investigación “rigurosa” por denuncia contra Carlos Caicedo

La ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia acelerar las investigaciones para esclarecer, de manera “rigurosa, transparente e imparcial”, las denuncias conocidas públicamente contra el excandidato presidencial y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por presuntos hechos de violencia sexual contra una niña y su madre.

La funcionaria calificó las denuncias como de “una gravedad extrema y profundamente perturbadoras”. Recordó que, según la información divulgada, los hechos habrían ocurrido en 2023, cuando la menor tenía ocho años.

Rusinque también señaló que estas acusaciones se suman a otros señalamientos de presunto acoso sexual formulados anteriormente por varias mujeres contra Caicedo, por lo que, a su juicio, “esta acumulación de denuncias no puede leerse como una serie de hechos aislados”, sino que exige revisar posibles patrones de abuso de poder.

La ministra encargada rechazó cualquier forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y advirtió que, de comprobarse los hechos, se trataría de una de las manifestaciones más graves de violencia, con consecuencias que afectan de manera profunda el desarrollo, la seguridad y la confianza de las víctimas.

Asimismo, solicitó que las autoridades competentes adelanten una investigación con celeridad y que durante el proceso se garantice la protección, la dignidad y los derechos de las presuntas víctimas, evitando cualquier forma de revictimización.

Al mismo tiempo, enfatizó que el proceso debe desarrollarse con pleno respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia, al considerar que ambos principios son esenciales para que la justicia sea legítima.

Rusinque aseguró que “ningún cargo, trayectoria política o respaldo electoral puede convertirse en un escudo frente a denuncias de esta magnitud”, e insistió en que la protección de niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia sexual constituye un deber ineludible del Estado y de todas las instituciones.