Judicializan a 17 personas, incluidos cinco dragoneantes del INPEC, por extorsiones desde El Barne
La Fiscalía señala que los funcionarios habrían permitido el ingreso de celulares a la cárcel El Barne en Cómbita
Las capturas se realizaron en Bogotá y seis departamentos, en un operativo conjunto con la Policía Nacional.
Cómbita
La Fiscalía General de la Nación judicializó a 17 personas señaladas de integrar una presunta red delincuencial que habría facilitado extorsiones telefónicas desde el establecimiento penitenciario El Barne, en Cómbita (Boyacá). Entre los procesados se encuentran cinco dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), quienes, al parecer, permitían el ingreso de celulares y otros elementos utilizados por los internos para cometer los delitos.
De acuerdo con la investigación, la organización operó entre enero y diciembre de 2025. Las evidencias recopiladas indican que algunos de los implicados obtenían información detallada de las víctimas, como su actividad económica, lugar de residencia y datos familiares, mientras que otros hacían llegar esa información a los privados de la libertad recluidos en diferentes pabellones del penal.
Con esos datos, los internos realizaban llamadas extorsivas a ciudadanos de distintas regiones del país, haciéndose pasar por integrantes de estructuras armadas organizadas para intimidar a las víctimas y exigir consignaciones o giros de dinero bajo amenazas de muerte y afectaciones a su patrimonio.
Las capturas fueron realizadas en un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con diligencias adelantadas en Bogotá y en municipios de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá.
Entre los judicializados figuran los dragoneantes Javier Alexander Hernández Castillo, John Fredy Pineda Rivera, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca Díaz y Deivis Maryu Forero Gómez, quienes, según la Fiscalía, habrían incumplido sus funciones de custodia al permitir el ingreso de teléfonos celulares y otros elementos indispensables para que la red continuara ejecutando las extorsiones desde el interior del centro penitenciario.
La Fiscalía aseguró que los 17 procesados cumplían funciones específicas dentro de la estructura criminal, la cual habría permitido mantener activa una red de extorsión carcelaria que afectó a ciudadanos en diferentes ciudades del país.
