Condenan al exsenador Germán Olano por el carrusel de la contratación en Bogotá

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Germán Alonso Olano Becerra por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, dentro del caso de corrupción conocido como el “carrusel de la contratación” en Bogotá.

Condena impuesta al exsenador Germán Olano

La Corte le impuso una pena de 3 años, 4 meses y 15 días de prisión, además de una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 4 años y 28 días, y una multa equivalente a 44,53 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La decisión también negó la suspensión condicional de la pena y el beneficio de prisión domiciliaria.

El fallo ordenó, además, que Olano indemnice al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) con 3.436.759.367 pesos por los daños materiales ocasionados.

Participación de Germán Olano el carrusel de la contratación

Según la sentencia, el excongresista participó en reuniones en las que se acordó el pago de un soborno de 1.750 millones de pesos para influir en la adjudicación del contrato de la Fase III de TransMilenio por la calle 26 de Bogotá. De acuerdo con la Corte, esos recursos fueron entregados mediante contratos de obra simulados.

Aunque Olano ya había aceptado responsabilidad por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, durante este proceso se declaró inocente del cargo de interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, la Sala concluyó que su actuación fue determinante para favorecer la adjudicación irregular.

Conducta de Germán Olano fue “materialmente antijurídica”: Corte Suprema

En la sentencia, la Corte señaló que “si bien Olano Becerra no era el servidor que tenía a su cargo funciones contractuales con relación a la referida operación, sí concurrió junto a los servidores públicos que las tenían para lograr su cometido criminal”, por lo que consideró que su conducta fue “materialmente antijurídica”.

El alto tribunal agregó que las actuaciones del exsenador “derivaron en el detrimento de los principios de igualdad, moralidad, transparencia e imparcialidad que gobiernan la contratación estatal como manifestación de la administración pública”.

Uno de los aspectos que llamó la atención de la decisión fue que la Sala compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a Miguel Eduardo Nule Velilla por el presunto delito de falso testimonio.

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