Asocajas cuestiona intervención a Comfamiliar Atlántico y pide respeto al debido proceso

La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) mostró su preocupación por la decisión de la Superintendencia del Subsidio Familiar de intervenir administrativamente a Comfamiliar Atlántico, una medida que implica la salida del director administrativo, el Consejo Directivo y la Revisoría Fiscal para que la entidad quede bajo la administración de un agente especial.

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El pronunciamiento se produjo luego de que la Superintendencia expidiera la Resolución 0527 del 6 de julio de 2026, mediante la cual ordenó la intervención administrativa total de la Caja de Compensación.

En su comunicado, Asocajas advirtió que la decisión se adopta en un escenario de incertidumbre jurídica, luego de que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-298, declarara inexequibles las normas que regulan las facultades de intervención de la Superintendencia al considerar que no establecen con claridad las causales, procedimientos, duración ni las garantías para este tipo de actuaciones. Aunque la Corte mantuvo vigentes esas disposiciones hasta junio de 2027 para que el Congreso expida una nueva regulación, también hizo un llamado a reforzar las garantías constitucionales en estos procesos.

“Preocupa que se sigan ejerciendo facultades de intervención total con fundamento en regulación declarada contraria a la Constitución”, señaló el gremio.

Asocajas también recordó que, tras esa decisión de la Corte, los tribunales de Norte de Santander y Risaralda revocaron las intervenciones administrativas de Comfanorte y Comfamiliar Risaralda por considerar que se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa, antecedentes que, según el gremio, deben ser tenidos en cuenta en decisiones similares.

La organización sostuvo que la intervención administrativa total es la medida más drástica contemplada para una Caja de Compensación Familiar, pues reemplaza de manera inmediata a sus órganos de dirección, administración y control. En ese sentido, pidió que las autoridades expliquen por qué se optó por esa decisión y no por mecanismos menos restrictivos.

“Resulta indispensable que las autoridades expliquen de manera suficiente las razones por las cuales se acude a la intervención total y definitiva y no a medidas graduales y menos lesivas”, afirmó.

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El gremio también manifestó preocupación porque la intervención de Comfamiliar Atlántico eleva a diez el número de cajas actualmente administradas por agentes designados por la Superintendencia, una situación que, según indicó, modifica durante largos periodos el modelo de gobernanza del Sistema del Subsidio Familiar, basado en la participación de empleadores y trabajadores.

Finalmente, Asocajas solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación para verificar que el proceso se adelante con respeto por la legalidad, el debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas.

“El fortalecimiento del Sistema del Subsidio Familiar requiere autoridades con plenas facultades para ejercer la inspección, vigilancia y control, pero también un marco jurídico claro que garantice la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de defensa”, concluyó el comunicado.

Gremios empresariales piden transparencia sobre la intervención

Tras la decisión de la Superintendencia del Subsidio Familiar, organizaciones empresariales y gremios del Atlántico manifestaron que, aunque reconocen las facultades de la entidad para ordenar la intervención, es necesario que el proceso se adelante bajo criterios de transparencia, objetividad y rigor técnico.

En un comunicado conjunto, gremios como Acopi Atlántico, Fenalco Atlántico, ProBarranquilla, Asoportuaria, Analdex, Fasecolda y otras organizaciones empresariales solicitaron el acompañamiento de los organismos de control, especialmente de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, para hacer seguimiento al manejo de la Caja y de los recursos involucrados.

Los firmantes señalaron que la prioridad debe ser “la protección de Comfamiliar Atlántico, la preservación de su misión social y la garantía de una prestación continua, eficiente y oportuna de sus servicios”, al tiempo que advirtieron que ninguna decisión administrativa debe afectar el funcionamiento de la entidad ni los beneficios que reciben sus afiliados.

Los gremios también indicaron que permanecerán vigilantes para que el proceso se desarrolle “con respeto por el ordenamiento jurídico, las garantías constitucionales y los principios que orientan la función administrativa”.