Tribunal prorrogó medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González por un año más por caso UNGRD

Justicia

El Tribunal Superior de Bogotá prorrogó por un año más la medida de aseguramiento preventiva de la libertad en establecimiento carcelario contra Carlos Ramón Gónzález, quien permanece prófugo de la justicia en Nicaragua.

González es considerado por la Fiscalía General de la Nación como el supuesto cerebro detrás del desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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El magistrado Fabio David Bernal acogió la solicitud presentada por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien el pasado 10 de junio señaló que era fundamental para el caso extender los efectos de la medida de aseguramiento de González, a quien calificó como “prófugo”.

Precisamente, el magistrado Bernal anunció la decisión del Tribunal Superior de Bogotá:

“Resuelve: primero, prorrogar la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario impuesta en providencia de control de garantías (...) a Carlos Ramón González Merchán”.

También ordenó extender la orden de captura emitida el 3 de julio de 2025 en contra del exfuncionario.

El magistrado también consideró que la condición de asilo político otorgada a González en Nicaragua no va en contravía de una acción judicial.

“Se prevé que las personas pueden solicitar asilo en cualquier país, pero se alude que este derecho no puede ser invocado contra una acción judicial originada por delitos comunes. Esto fue acogido también en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos con la Ley 74 de 1978″, expresó.

Argumentó que la solicitud de asilo del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se formuló el 10 de junio de 2025, antes de que se impusiera la medida de aseguramiento intramural.

No obstante, para ese momento, González ya había sido imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, por su presunta participación en el entramado de corrupción que habría saqueado millonarios recursos de la UNGRD.

Precisamente, la audiencia se realizó el 21 de mayo de 2025. El magistrado señaló que el procesado era plenamente consciente de que la Fiscalía iba a pedir una medida de aseguramiento en su contra.

Además, era conocedor de las actividades investigativas que se habían adelantado en su contra.

“Tal actividad se hizo justo cuando el procesamiento judicial por delitos comunes estaba en curso y se develaban las peticiones de la Fiscalía ante los jueces. Forma habilidosa de salir al paso de modo huidizo, para sustraerse a los deberes del ciudadano en el Estado de derecho que le permitió ejercer la dignidad funcional, desde la cual se le ha acusado de delinquir”, destacó.

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Además, consideró que, si Carlos Ramón González acudió a ese tipo de estrategia cuando apenas iniciaba la investigación, es coherente que la Fiscalía considere que existe riesgo de no comparecencia.

También dijo que no es suficiente con que el procesado acuda a todas las audiencias de manera virtual, porque existe una orden judicial que lo privó de la libertad desde el 3 de julio de 2025, decisión que no se ha acatado hasta ahora.

“Es real, inmediato y perceptible (...). Se ha determinado ejercer sobre él un control físico, inclusive, coercitivo cuando las circunstancias del proceso así lo demanden”, manifestó.

La defensora suplente de González presentó recurso de apelación e, incluso, él intervino para asegurar que ha sido víctima de una incriminación política por parte de un “mentiroso” a quien la Fiscalía le creyó.

También señaló que el ente acusador tiene miles de pruebas, pero ninguna lo relaciona con los hechos.