La Amazonía colombiana: la crisis ambiental que revela un problema de Estado

Por: Juan Camilo Paiba Castellanos

En la Amazonía colombiana hay más de 8.000 kilómetros de vías ilegales construidas en apenas siete años. Una red logística que el Estado no planeó no controla y, en buena medida, ni siquiera reconoce. Esa imagen, más que cualquier cifra de hectáreas deforestadas, resume el diagnóstico que la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) lleva años intentando instalar en el debate público colombiano: la deforestación no es solamente un problema ambiental.

Para la organización, este problema es la señal más visible del colapso de un Estado que nunca llegó. “Esto no es un problema ambiental. Es un problema de construcción de un Estado social de derecho que no ha sido capaz de instalarse en ese territorio”, dice Rodrigo Botero, director de la FCDS.

Su afirmación, más allá de enmarcarse en un discurso de alerta, es en realidad un llamado en una época vital para el país, pues Colombia está a horas de elegir nuevo presidente.

Por ello, una de las principales conclusiones de ese informe, que analizó cuatro factores estructurales que explican la crisis amazónica, cobra relevancia ya que, para la fundación, ninguno de los dos candidatos presidenciales en disputa; Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella han abordado en su totalidad la resolución de la problemática.

Una crisis que se mide mal

El debate político sobre la Amazonía parece llevar décadas atrapado en una sola métrica: las hectáreas deforestadas. Cuando los números bajan, los gobiernos celebran. Cuando suben, prometen más control. Pero Botero advierte que ese indicador oculta más de lo que revela.

Entre 2017 y 2024, Colombia perdió más de 837.000 hectáreas de bosque amazónico, el equivalente al 51% de toda la deforestación registrada en los últimos 20 años. Concentrado en un solo período. Sin que ningún gobierno, de ningún color político, haya podido revertir de manera sostenida.

El problema, según el director, es que el diagnóstico parte de una premisa equivocada. Contar árboles caídos sin entender quién los está tumbando ni por qué es, en sus palabras, seguir midiendo el síntoma sin atacar la enfermedad. Y la enfermedad, en la Amazonía colombiana, se llama cooptación del Estado.

“A nadie le gusta hablar de corrupción de gran escala, a nadie le gusta aceptar que hemos perdido gran parte del territorio nacional, que allá hay actores que ejercen en más del 40% del territorio nacional su propia autoridad”, señala.

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Gobernanza criminal, no solo grupos armados

Uno de los puntos más relevantes del análisis de Botero es que el problema no se reduce a la presencia de grupos armados ilegales. En amplias zonas de la Amazonía, la deforestación no ocurre a pesar del Estado, sino con su participación, paradójicamente.

“Desde el mismo Estado también hay un proceso de estímulo a la deforestación, con la participación de funcionarios de alto nivel y de sectores de la industria y del comercio internacional”, afirma el investigador.

El informe de la FCDS lo documenta con datos concretos: entre 2016 y 2024, entidades financieras públicas desembolsaron más de 3 billones de pesos para la cadena ganadera en los municipios del arco de deforestación, un incremento del 140%.

El Estado, en otras palabras, ha estado financiando indirectamente la destrucción del bosque que dice querer proteger. Y mientras tanto, los departamentos de Amazonas, Guaviare y Vaupés reciben apenas el 0,2% del Presupuesto General de la Nación.

El oro que nadie pregunta de dónde viene

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Botero también apunta a otro frente que rara vez aparece en los debates electorales: el lavado de activos a través de economías aparentemente legales. El 70% del oro exportado por Colombia tiene origen desconocido. En algunos países amazónicos, entre el 28% y el 90% de ese metal precioso producido proviene de actividades ilegales.

“¿Alguien se ha preguntado de dónde viene ese oro? ¿Alguien está haciéndole seguimiento a la trazabilidad y a cómo esos mercados internacionales nos están rompiendo la gobernabilidad?”, cuestiona el director de la FCDS.

La respuesta implícita es no. Y en esa dinámica opera, según Botero, una de las principales máquinas de financiación de la destrucción territorial: el lavado de activos de gran escala que convierte bosque público en tierra ganadera, títulos mineros en reservas privadas y economías ilegales en exportaciones legítimas. “Hay una grandísima máquina de lavado de activos que está proveyendo el motor financiero para todo el tema de la destrucción y la cooptación del territorio”, sostiene.

Lo que Colombia se juega sin saberlo

Para quienes viven en las ciudades, la crisis amazónica puede parecer lejana, pero en realidad no lo es. La Amazonía colombiana contiene el 45% del agua dulce superficial del país. De ella dependen 35 millones de colombianos, y solo en Bogotá, el 25% del líquido potable proviene de esa cuenca.

Sin esos bosques, la seguridad hídrica y energética del país entera entraría en riesgo. “La salubridad de la nación y la seguridad climática dependen de que ese sistema amazónico funcione”, advierte el investigador.

A eso se suma la dimensión geopolítica. La Amazonía es hoy el epicentro de una disputa internacional por recursos estratégicos (minerales para la transición energética, agua, biodiversidad) que Colombia no está leyendo como tal.

Mientras las potencias globales intensifican su interés en la región, Colombia sigue administrando el problema como si fuera un asunto de orden público localizado. “Estamos en el epicentro de la disputa internacional por recursos estratégicos. Tenemos que hablar de soberanía fronteriza, de relaciones comerciales internacionales”, agrega Botero.

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Lo que proponen los candidatos: Iván Cepeda

Frente a este diagnóstico, los dos candidatos que disputan la presidencia tienen propuestas con puntos de encuentro y diferencias de fondo. Iván Cepeda reivindica como logro del gobierno Petro la reducción de la deforestación en los últimos años.

No obstante, para Rodrigo Botero, este indicador si bien puede ser alentador, no refleja realmente la magnitud de lo que hay detrás. “No soy partidario de reivindicar esa reducción, porque las condiciones en que los diferentes grupos armados han ejercido presiones para generarla hacen que el indicador sea supremamente riesgoso”.

Por ejemplo, en la zona norte de Chiribiquete, señala, la desconexión con la Macarena ya es un hecho irreversible. Y en Cartagena del Chairá, el avance sobre la reserva forestal en 2026 será el más impactante en años, aunque no aparecerá en los datos oficiales hasta 18 meses después.

Además, Cepeda propone estatutos especiales para la Amazonía y el Pacífico, una Misión de Desarrollo Territorial y Bioeconomía Regional, e inteligencia ambiental en tiempo real para detectar deforestación y minería ilegal.

Sobre los estatutos, Botero indica que es una propuesta favorable: los compara con el modelo de San Andrés, donde la regulación especial del territorio ha permitido establecer límites reales a la ocupación y la actividad extractiva.

“Me parece que da en el clavo”, dice. Sobre la inteligencia ambiental, también señala: “me parece acertada porque está señalando donde no queremos ver. Es el mal olor que hay”. Pero advierte que de nada sirve monitorear en tiempo real si el Estado no tiene la capacidad (ni, en algunos casos, la voluntad) de actuar sobre esa información.

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La apuesta de Abelardo de la Espriella

Por su parte, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo presentaron una propuesta organizada bajo la estrategia ABC (Agua, Biodiversidad y Comunidades) que parte de un diagnóstico compartido con la FCDS: la deforestación no es principalmente un problema ambiental, sino una expresión de ausencia estatal y economías criminales.

Su programa propone pilotos de fracking regulados con exclusión de páramos y zonas protegidas, para Botero, sin revisiones previas esa alternativa puede ser problemática. “No es viable. Estamos lejos de poder garantizar que los límites se cumplan efectivamente cuando el Estado no ha podido hacer respetar las restricciones existentes”.

Asimismo, advierte que en zonas como la Amazonía, donde 182 veredas se traslapan con áreas de parques nacionales, proponer nuevas actividades extractivas sin resolver primero la presencia institucional es construir sobre el vacío.

Lo que sí comparte con la propuesta de ambos candidatos es la necesidad de una ley de ordenamiento territorial que Colombia lleva más de 30 años aplazando. “Cualquiera de los dos candidatos tiene que abordarla. Sin saber dónde y qué actividades podemos desarrollar, todo lo demás es política declarativa”, señala Botero.

No es un problema de un gobierno

La conclusión de Botero y de la labor que viene desarrollando la FCDS parece apuntar a que este no es un problema que pueda resolver un solo gobierno, independientemente de quién gane. “No creo que sea un asunto que vaya a cambiar en el corto plazo. Tendrá que ser un esfuerzo de política de Estado de largo plazo para primero recuperar la legitimidad en el territorio y la confianza de la población”, afirma.

Es que, menos del 2% de los colombianos vive en la Amazonía, y durante más de medio siglo el país no ha logrado ofrecerles condiciones de ciudadanía real. El resultado es una población cuya afiliación, por necesidad, está orientada hacia las economías ilegales que sí les ofrecen lo que el Estado no da.

La Amazonía no necesita más planes. Necesita un acuerdo nacional que la reconozca como lo que es: no un problema ambiental de una región periférica, sino el activo estratégico más importante que tiene Colombia para sobrevivir el siglo que viene.

“Hay que definirla como un consenso nacional, no como una disputa entre candidatos”, concluye Botero. Esa puede ser, en los próximos cuatro años, la diferencia entre seguir contando árboles caídos o empezar a construir el Estado que todavía no ha llegado.