Esta organización produce documentales y procesos legales para defender los ecosistemas colombianos

Por: Juan Camilo Paiba Castellanos

La mayora Carmelina Yule fue asesinada en el norte del Cauca. En las cuencas de Buenaventura, familias afrocolombianas llevan más de dos décadas esperando reparación después de que una represa destruyera su territorio. En el río Yurumanguí, mujeres negras se organizan bajo la política de piernas cruzadas para resistir la minería ilegal y los cultivos ilícitos.

Estas historias tienen algo en común: una pequeña organización colombiana, con sede en Medellín, las documentó, las filmó y las llevó hasta escenarios donde alguien con poder tuvo que escucharlas.

Human Conet, Juntos Somos, nació en 2018 de la amistad entre varios colombianos y un francés del sur de Francia que se conocieron en París. Hoy funciona con un equipo de cuatro personas y una red de entre 15 y 30 voluntarios distribuidos por el país. Su método tiene tres pilares: documentación audiovisual, formación en comunicación popular e incidencia jurídica. La idea que los une es tan simple como ambiciosa: pasar de la información a la acción.

Una represa, un documental y una victoria en la Corte

El caso que mejor resume cómo funciona esta apuesta ocurrió en Anchicayá, en las cuencas de Buenaventura. Allí, una represa construida décadas atrás provocó una afectación ambiental, social y cultural que las comunidades llevan más de 21 años esperando que sea reparada.

Human Conet llegó convocada por el Proceso de Comunidades Negras, una de las organizaciones con las que han tejido confianza durante años. Primero escucharon. Luego filmaron.

El resultado fue un documental que capturó lo que ningún expediente jurídico podía mostrar: las caras, los ríos y las voces de quienes habían perdido su territorio sin que el Estado respondiera.

Con ese material armaron una campaña. Activaron una herramienta digital, en su página web que permite a cualquier ciudadano enviar un correo a su organización con un clic. También hubo movilización física: 30 personas de la cuenca de Anchicayá viajaron en bus hasta Bogotá y se plantaron frente a la Corte. Meses después llegó un pronunciamiento favorable para la comunidad.

“El documental sirve enormemente para la incidencia”, explica María Carolina González Corzo, coordinadora de comunicación estratégica de la organización.

“Va casi de la mano: mientras el equipo jurídico trabaja el litigio, el equipo audiovisual está grabando y editando. En un mes puede estar listo, limpio y articulado a la campaña”, agrega Juan Fernando Higuita, administrador en salud y ambiente de la Universidad de Antioquia y actual coordinador del programa de voluntariado del colectivo.

La politóloga que se quedó en Colombia

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Carolina nació en Francia. Sus padres son santandereanos —su madre de Bucaramanga y su padre de un pueblo cercano a Vélez— y migraron buscando oportunidades cuando ya tenían más de 35 años.

Ella estudió en el campus latinoamericano de La Sorbona, en París, y se especializó en ciencias políticas, derechos humanos y psicología política con enfoque en América Latina. Llegó a Colombia para desarrollar su tesis.

Pero algo la hizo quedarse.“Era como si Colombia me dijera: ‘aquí está tu esencia”.

“Entendí cuál era mi causa existencial. Necesitaba regresar a Colombia para entender mis raíces, pero también las realidades de muchas familias colombianas. Trabajar en Human Conet es casi una forma de catarsis”, agraga.

La organización la encontró en 2021, cuando Lucas Taffin, cofundador francés que había iniciado el proyecto trabajando con la comunidad indígena sikuani en Vichada, buscaba reactivar la estructura del colectivo después de la pandemia.

Entonces se formalizaron ante la Cámara de Comercio de Antioquia. Se sumaron Juan Fernando y Juan Sebastián Santoyo, encargado de proyectos y alianzas. Cuatro personas para luchar por un sueño compartido.

El colectivo que llega a donde el Estado no va

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Buenaventura, Tumaco, Arauca, Tibú, el oriente antioqueño, el río Yurumanguí, el norte del Cauca y el Caribe. En siete años han trabajado en diez departamentos.

Han producido más de diez documentales, proyectados en diez países y 25 ciudades, varios de ellos premiados en festivales de cine comunitario. También han creado más de mil contenidos digitales y reúnen cerca de 50 mil seguidores en redes sociales.

Pero los números no son lo más importante. Lo fundamental es cómo llegan a esos territorios y qué hacen cuando están allí. “Antes de ir a territorio, primero construimos confianza”, explica Carolina.

“Puede ser a través del Proceso de Comunidades Negras, del CRIC, del Coordinador Nacional Agrario o de organizaciones de derechos humanos como la Minga o la Corporación Jurídica Libertad. Llegamos a través de quienes ya están ahí, de quienes ya son el tejido”, dice Higuita.

Una vez establecida esa relación, el trabajo se co-crea con las comunidades. Ellas definen qué quieren visibilizar, cuáles son sus demandas y qué actores las afectan. Human Conet pone el micrófono, la cámara, el conocimiento jurídico y la red de aliados internacionales. Las comunidades ponen la voz, el territorio y la autoridad sobre lo que se puede mostrar y lo que no.

Porque en zonas de conflicto armado hay límites que no se pueden ignorar; no siempre se puede mostrar el rostro de quien habla. No siempre se puede nombrar al actor que amenaza.

“Hemos aprendido a narrar lo que no podemos narrar”, dice González.

La RACA: enseñar a otros a contar sus propias historias

Uno de los proyectos más recientes y ambiciosos de la organización se llama RACA: Red de Aprendizaje en Comunicaciones.

Es un programa diseñado para que las mismas comunidades aprendan a documentar sus realidades sin depender de que alguien llegue desde afuera a hacerlo.

El primer piloto se desarrolló durante 2025 con comunidades campesinas del Cauca, en alianza con el Coordinador Nacional Agrario. Fueron cinco sesiones que abarcaron desde cómo tomar una fotografía y editarla hasta cómo convertirla en un mensaje político, construir campañas de incidencia, activar rutas de protección o redactar un derecho de petición.

También hay un componente jurídico que respalda el proceso. “Surgieron ideas que nosotros jamás habríamos propuesto”, recuerda Juan Fernando.

“Fortalecimiento de radios comunitarias, boletines campesinos, murales, obras de teatro. Herramientas propias de esos territorios, no tecnologías impuestas desde afuera”. Carolina agrega que los resultados los sorprendieron.

“Los productos que hicieron fueron increíbles: pódcast, radio, fanzines, cartografías sociales. Una calidad y creatividad que demuestra el talento de los jóvenes y adultos campesinos del Cauca”.

El cierre del proceso no fue realmente un cierre. Fue, en palabras de ellos, “el final de un inicio”: ahora los mismos jóvenes quieren replicar la RACA en otros territorios.

Lo que cuesta

La organización opera con recursos limitados y voluntarios que también tienen sus propias necesidades económicas. El financiamiento que recibieron durante años, proveniente de Global Green Grants, ya no existe.

Por eso, no todo son victorias. Hoy buscan nuevas fuentes de financiación: convocatorias públicas, fondos privados y prestación de servicios.

Pero hay otro costo que no aparece en los balances financieros: convivir permanentemente con el dolor. “Tantas madres que han perdido a sus hijos en la guerra, tantas abuelas asesinadas, tantos desastres ambientales”, dice Carolina.

“Uno quisiera tener psicólogos dentro del colectivo para acompañar emocionalmente ese proceso. Eso también es un desafío”. Lo que les permite seguir, afirma, es comprobar que la gente continúa organizada; que en los territorios más golpeados todavía hay mujeres que se reúnen a cuidar el río y hombres que enseñan a otros a defender lo que tienen.

“Para proteger la vida en el planeta, primero debemos defender los derechos de quienes cuidan la naturaleza”, dice Juan Fernando.

Carolina insiste en que más allá del eslogan, Juntos Somos es la conclusión a la que llegaron después de siete años de viajes por el Pacífico, noches en territorios del Cauca y búsquedas de aliados jurídicos para comunidades que nunca han salido de sus municipios.

Ahora esperan consolidar dos nuevos proyectos: uno junto a la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Cauca y otro enfocado en prevenir el reclutamiento de jóvenes en el norte caucano, acompañando a mujeres en la construcción de estrategias de comunicación política en medio del contexto electoral que vive el país.

“Queremos entender más a Colombia, aportar ese grano de arena y ser actores de transformación social. Hay mucha voluntad humana, y eso es lo importante”, concluye González.