Cuestionan al alcalde de Chía por millonaria indemnización en contrato de alumbrado público
El concejo municipal indaga de dónde saldrán los 40 mil millones de pesos que se le deben al consorcio Iluminaciones de la Sabana por el contrato anulado en 2018.

Leonardo Donoso, radica Plan de Desarrollo.

En el concejo municipal de Chia se adelantó un debate de control político a la Alcaldía, en cabeza de Leonardo Donoso, por cuenta del millonario contrato para alumbrado público que se otorgó en el 2018 y que posteriormente fue anulado por el Consejo de Estado.
La preocupación del Concejo surge porque una vez anulado el contrato, que tenía una duración proyectada de 30 años, se ordenó liquidar y regresar a la empresa contratada y al interventor de las obras, lo que se había invertido hasta el momento, cifra que hoy ya ronda los 40 mil millones de pesos.
Desde el Concejo cuestionan de dónde saldrán esos recursos y se preguntan si el alcalde estaría dilatando el asunto para dejarlo en manos del próximo mandatario municipal, lo que podría acarrear más líos presupuestales para el municipio.
“Esa indemnización nos debe preocupar a todos (…) uno debe saber qué pasivos, qué activos y qué deudas y así mismo contar con un presupuesto, pero es que aquí parece que el presupuesto que recauda nuestro municipio son solamente para las cosas que al alcalde le interesan y nada más, ¿y las obligaciones para cuándo? Su gobierno ya se va a acabar y seguramente lo que piensa es irse y dejarnos una deuda para la próxima administración y que pase como pasó en el 2020, que llegó un alcalde y le embargaron las cuentas por una obligación que tenía que haber sido prevista por el alcalde anterior”, aseguró el concejal Edwin Fuentes.
El contrato de concesión, suscrito en 2018 con el consorcio Iluminaciones de la Sabana S.A.S. valorado en $14.766’934.737, tenía como objeto la operación, administración, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema de alumbrado público.
El Consejo de Estado lo anuló al comprobar graves irregularidades en el proceso de licitación pública, y le ordenó al municipio asumir la prestación directa del servicio y gestionar una nueva licitación en un plazo de 10 meses, plazo que se vence el próximo 22 de julio.
Sin embargo, la infraestructura requerida para el nuevo alumbrado fue instalada casi en su totalidad por el concesionario, y su propiedad podría ser demandada por Enel. Tampoco es claro cómo se va a estructurar y completar un nuevo proceso licitatorio antes de la fecha límite.
“Hoy que estamos debatiendo y que identificamos esta deuda lo que corresponde es decir cómo estamos preparados para asumirla (…) No dejemos para última hora un proceso tan importante como es la adjudicación de este contrato, este no es un contrato de 10 pesos, redondea los 16 mil millones de pesos por año (…) No sabemos qué va a pasar, es una incertidumbre total, nosotros (los concejales) no hablamos con el alcalde”, señaló el concejal Alexander Robayo.
“Me preocupa bastante lo que va a pasar con el municipio frente a esa decisión que ya está corriendo un término. ¿Qué va a pasar con el alumbrado público? ¿quién lo va a operar? ¿Se va a seguir cobrando el impuesto? ¿Quién lo va a cobrar?”, cuestionó el concejal Edwin Fuentes.
Durante el debate de control político también se mencionó la destitución e inhabilidad por nueve años que le había sido impuesta por la Procuraduría al alcalde Leonardo Donoso, por cuenta de las irregularidades en este contrato de alumbrado, y que años después fue anulada por la misma Procuraduría argumentando que no se respetaron del todo los derechos de defensa y el debido proceso.
“Por arte de magia llega un nuevo procurador y revoca esas decisiones. Sin embargo, vemos que sí hay consecuencias para los municipios. No olvidemos tampoco que la demanda contra este contrato fue presentada por la misma Procuraduría y que por eso fue declarado nulo el contrato”, recordó el concejal Fuentes.




