La URT radica demanda para restituir tierras a comunidades indígenas en Chocó
La acción judicial de la La Unidad de Restitución de Tierras busca beneficiar a 194 personas que conforman las cerca de 50 familias de las comunidades Padadó y Bequerá Perancho.
Foto: cortesía.
Riosucio, Chocó
La Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de la Dirección Territorial Apartadó, radicó una nueva demanda para proteger los derechos territoriales del Resguardo Indígena Perancho, del pueblo Emberá Eyábida, en el municipio de Riosucio.
La acción judicial busca beneficiar a 194 personas que conforman cerca de 50 familias de las comunidades Padadó y Bequerá Perancho, quienes han sido víctimas del conflicto armado en un territorio ancestral de más de 889 hectáreas, situación que ha afectado la garantía de derechos como la identidad, la integridad cultural y la autonomía de la comunidad, especialmente de mujeres, niños y adultos mayores.
Afectaciones por la violencia
De acuerdo con la URT, los hechos de violencia se registraron en los años 1997 y 1998, con desplazamientos, confinamientos, presencia de minas antipersonal y restricciones a actividades tradicionales como la pesca y la agricultura, impactando directamente la seguridad alimentaria en este territorio.
“Con esta demanda buscamos el restablecimiento de sus derechos territoriales y la reparación integral por todas las afectaciones sufridas en el marco del conflicto armado. Esta ha sido una comunidad históricamente afectada por situaciones de violencia; fueron víctimas de la incursión paramilitar entre los años 1995 y 1996, así como de la operación ‘Cacarica’”, señaló José Alberto Kunzell, director territorial de la entidad.
Kunzell agregó que, desde la URT, esperan cerrar con 24 demandas étnicas en favor de comunidades indígenas y negras de la subregión de Urabá y del Darién chocoano, con el objetivo de restablecer sus derechos territoriales.
Durante los últimos años, la URT Apartadó ha radicado 675 demandas ante los jueces en la ruta campesina y 21 en la ruta étnica, alcanzando el 46 % del total de demandas radicadas durante la vigencia de la Ley 1448 en favor de resguardos indígenas y consejos comunitarios.
