Policía prohíbe a uniformados disparar para proteger bienes materiales

Caracol Radio conoció la Resolución 01319 del 15 de mayo de 2026, mediante la cual la Policía Nacional adoptó oficialmente el primer manual institucional sobre empleo de armas de fuego, municiones, elementos y dispositivos menos letales en procedimientos policiales.

Uno de los puntos incluidos en el nuevo documento establece que las armas de fuego no podrán emplearse para proteger bienes materiales durante procedimientos policiales y manifestaciones públicas, y que su utilización deberá estar enfocada exclusivamente en proteger la vida e integridad de civiles o integrantes de la Fuerza Pública frente a amenazas graves o letales.

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Fuentes consultadas por este medio señalaron que, pese a existir protocolos internos y normas dispersas, la institución no contaba hasta ahora con un manual unificado y específico sobre uso de armas de fuego dentro de procedimientos policiales.

El nuevo documento establece lineamientos operacionales, jurídicos y administrativos sobre cómo deben actuar los uniformados antes, durante y después de utilizar un arma de fuego.

Entre los puntos contemplados en el manual, se establece que los policías no podrán apuntar con un arma de fuego si no existe una finalidad legal para hacerlo y deberán advertir previamente sobre la posibilidad del uso del arma dentro del procedimiento, siempre que las circunstancias operacionales lo permitan.

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La resolución también obliga a los uniformados a rendir informes detallados cada vez que se utilice un arma de fuego durante un operativo o procedimiento policial. Dichos reportes deberán quedar sometidos a revisión y supervisión institucional.

Otro de los puntos incluidos en el nuevo manual señala que está prohibido el uso de armas de fuego con munición letal para el control de protestas y manifestaciones, salvo cuando exista amenaza letal inminente contra civiles o integrantes de la Fuerza Pública.

La resolución además incorpora lineamientos sobre proporcionalidad, necesidad y legalidad en el uso de la fuerza, así como procesos obligatorios de capacitación, reentrenamiento, evaluaciones psicológicas y revisión posterior de procedimientos donde se haya empleado fuerza letal o menos letal.

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