El negocio detrás del bosque que arde: economías ilegales y silencio electoral en la Amazonía

Por: Juan Camilo Paiba Castellanos

Si alguien ve las fotografías de la Amazonía colombiana de hace algunos años y las compara con el escenario de hoy, seguramente se sorprenderá de ver un panorama siniestro. Miles y miles de kilómetros de vías construidas ilegalmente, millones de hectáreas de bosque destruidas, ríos contaminados -muchos de ellos gravemente afectados por la minería ilegal y el uso indiscriminado de mercurio, que envenena los ecosistemas y pone en riesgo la salud de las comunidades- y un millar de personas desplazadas, es actualmente el panorama de una de las regiones más ricas en recursos y biodiversidad del planeta.

Ahora bien, esas carreteras que no figuran en ningún mapa oficial fueron abiertas con motosierra, trazadas a machete entre la selva, y hoy conectan predios ganaderos, minería ilícita, redes de tráfico de estupefacientes y contrabando, con mercados internacionales que mueven cientos de millones de dólares al año.

Según el monitoreo de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), en los últimos siete años, entre abril de 2018 y marzo de 2025, la red vial ilegal en la zona creció en más de 8.000 kilómetros, pasando de 23.189 a 31.207. Solo en el último año se abrieron cerca de 1.460 kilómetros de nuevas vías, una cifra equivalente a cuatro kilómetros diarios, según la organización.

Incluso, muchas de estas trochas son abiertas con maquinaria oficial. Reporta la Fundación que, de los 31.207 kilómetros de vías que actualmente existen en la Amazonía, el 40,9 % están a cargo del INVIAS, la ANI o entidades territoriales, mientras que el 59,1 % restante -equivalente a 18.439 kilómetros- corresponde a vías ilegales promovidas por distintas estructuras armadas y redes criminales.

Algunas de estas organizaciones tienen además dinámicas transnacionales y presencia en países como Brasil, Venezuela y Ecuador, lo que evidencia que las amenazas que enfrenta la Amazonía trascienden las fronteras nacionales y requieren respuestas regionales coordinadas.

En ese sentido, los análisis realizados por la FCDS reflejan que un total de 8.018 km de nuevas vías han sido construidas entre 2018 y 2025 en el arco noroccidental amazónico. Además, la fundación también reporta que el 90% de la superficie deforestada se ubica a menos de 1,9 km de distancia de las vias, lo que demuestra que la construcción y expansión de vías es un factor determinante en la transformación del paisaje amazónico.

En otras palabras, gracias a esa infraestructura, los actores criminales operan bajo un modelo económico alimentado por los recursos del oro ilegal y de la coca, complementados por las economías derivadas de la tierra, el ganado y las inversiones públicas, donde el control es ejercido por grupos armados y donde la presencia institucional es mínima. Adicionalmente, se ha perdido la gobernabilidad en grandes territorios, lo que genera transformaciones irreversibles en la región.

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Rutas que destruyen, negocios que persisten

El 90% de la superficie deforestada en la Amazonía colombiana se encuentra a menos de 1,9 kilómetros de una vía abierta ilegalmente y el 80% está a menos de 1,2, reporta en su último seguimiento la FCDS. La apertura de esas carreteras no es una consecuencia de la colonización: es su motor.

En municipios como Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y La Macarena —epicentros de la deforestación en el país— se evidencia cómo los grupos armados ilegales ejercen mecanismos de control social y territorial que inciden directamente en las dinámicas de ocupación y uso del suelo.

En este contexto, estas estructuras imponen reglas, restricciones y sanciones a las comunidades locales, regulando distintas actividades económicas y formas de organización del territorio. El incumplimiento de estas disposiciones suele derivar en sanciones económicas, que además se convierten en una de sus fuentes de financiación.

La ganadería es el destino final de ese paisaje transformado. De cada diez hectáreas deforestadas en el arco noroccidental amazónico, 8,3 se destinan a pastizales.

De esta manera, el hato bovino en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo ya supera los 5,5 millones de cabezas y creció un 86% entre 2017 y 2024, más de tres veces la tasa nacional del 25,5% para el mismo periodo. Es que, solo en 2023, la venta de ganado en los tres municipios con mayor deforestación generó ingresos estimados en 428 millones de dólares, cifra que supera ampliamente el PIB conjunto de esos mismos territorios.

Pero el ganadero, en muchos casos, no es el actor principal, es el mecanismo de consolidación territorial de estructuras ilegales que utilizan la titulación de tierras públicas como estrategia de acumulación.

“El acaparamiento utiliza al sistema ganadero como una estrategia para controlar una mayor cantidad de tierras”, señala la FCDS. Se trata de terrenos con vocación forestal que, con el tiempo, se vuelven improductivas a través de un proceso agresivo de colonización: tumba, quema, praderización.

Para financiar eso, según cálculos de la fundación, se requirieron al menos 9,92 millones de dólares solo en el último año —sin contar el precio de la tierra ni el valor del ganado— sólo para costear la deforestación en la región. Pero eso no es lo único.

Entre 2016 y 2024, las entidades financieras públicas desembolsaron más de 3 billones de pesos para el sostenimiento de la cadena ganadera en los municipios del arco de deforestación.

En este periodo, el financiamiento se incrementó en un 140% (de $106.716 millones en 2016 a $256.350 millones en 2024), lo que plantea retos importantes en términos de coherencia entre las políticas de financiamiento y la sensibilidad ambiental de estos territorios, así como la necesidad de fortalecer criterios de sostenibilidad y diferenciación dentro del sector, reconociendo que no todas las prácticas ganaderas tienen los mismos impactos.

El oro, el mercurio y el silencio

Mientras el noroeste amazónico arde bajo pastizales, en el oriente, la selva se envenena desde adentro.

En el Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, un complejo cultural y territorial de aproximadamente 8 millones de hectáreas, con carácter transfronterizo, confluyen desde el punto de vista político-administrativo cuatro Entidades Territoriales Indígenas (ETI), configurando un entorno de alto valor biocultural. En este contexto, los pueblos indígenas que lo habitan han convivido durante décadas con los efectos de la minería ilegal de oro, con una alta afectación por mercurio y otras presiones sobre sus hogares.

Gonzalo Macuna Barazano, secretario general de la instancia de coordinación e integrante de la Entidad Territorial Indígena Yaigojé Apaporis, recuerda que las primeras máquinas llegaron en 1988, traídas por mineros brasileños. Desde entonces, la actividad no se ha detenido.

“Hemos notado malformaciones en recién nacidos, han salido muchas personas con condiciones especiales. Eso es un riesgo que no solamente está en los humanos, también está en los peces y en el agua”, dice Macuna desde su territorio, ubicado entre los departamentos de Amazonas y Vaupés.

El problema tiene nombre científico: contaminación por mercurio. Y tiene una escala que la Corte Constitucional Colombiana calificó en 2025 como alarmante: Colombia es el país que más mercurio libera per cápita en el mundo y sus principales fuentes de emisión están asociadas a la minería ilegal de oro.

De acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), el 70% del metal precioso exportado desde Colombia tiene origen desconocido y se comercializa en Medellín, Nueva York o en París.

Este activo es la cortina perfecta que camufla y lava los dineros manchados por el crimen. El precio internacional del oro aumentó un 121% entre 2024 y 2025, lo que hace que una draga operando en la Amazonía pueda generar hasta 150 millones de pesos al mes. Hoy la onza en los mercados internacionales, de acuerdo con el Banco de la República, puede estar por encima de los cuatro mil dólares. Esto ya lo hace más rentable que la coca.

Este fenómeno es tan serio, indica la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que ya se determinó que la minería ilegal en Colombia —y destacándose en especial el papel del oro— está pasando a ser la fuente más importante de financiación de los grupos armados ilegales, aun por encima del tráfico de cocaína.

Por ello, las abundantes oportunidades para extraer y lavar ilegalmente grandes cantidades del mineral y la falta de seguimiento legal, también influyen considerablemente en el crecimiento de esas actividades y su atractivo para las organizaciones delictivas.

“Son redes internacionales y criminales de explotación minera que desafortunadamente tienen sus impactos más severos en el nivel territorial”, explica Juan David Varela, coordinador del Laboratorio Socio Jurídico de la Fundación Gaia Amazonas, quien acompañó jurídicamente la tutela que en 2025 derivó en la Sentencia T-106 de la Corte Constitucional.

Esa sentencia, que tardó seis años en ser fallada, vincula a 27 entidades del Estado en 32 órdenes que van desde la descontaminación de fuentes de agua hasta la activación de brigadas móviles de salud y la formalización de entidades territoriales indígenas. “La Corte dice que los pueblos indígenas del macro territorio están en riesgo de extinción física y cultural”, resume Varela.

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La institucionalidad que mira para otro lado

Uno de los hallazgos más incómodos del proceso judicial fue la actitud de las propias entidades del Estado. Cuando la Corte indagó por las responsabilidades frente a la contaminación por mercurio, el Ministerio de Ambiente, la ANLA y la Agencia Nacional de Minería argumentaron que ese era un asunto de minería ilegal, y que por tanto correspondía al Ministerio de Defensa y a la Fiscalía atenderlo.

“Nos encontramos ante una institucionalidad que encontraba en la ilegalidad una excusa para no atender sus obligaciones constitucionales”, señala Varela. La Corte rechazó ese argumento. Su conclusión fue que la gravedad de la situación supera la dicotomía entre minería legal e ilegal: el problema es la contaminación, venga de donde venga.

Esa misma lógica ha permitido que la promesa de las entidades territoriales indígenas, consagrada en la Constitución de 1991, tardará más de 30 años en comenzar a materializarse. Fue solo en diciembre de 2025 cuando el gobierno formalizó las primeras ocho entidades mediante decretos presidenciales. Faltan al menos dos más —Pirá Paraná e Izán Azurbí, en el Guainía— y todo el proceso de consolidación de competencias en salud, educación, ordenamiento territorial y financiación.

Gonzalo Macuna lo sabe bien. Lleva años esperando que las 36 órdenes de la Sentencia T-106 se implementen de verdad. “La sentencia está muy bien escrita, muy bien fallada, pero si no hay voluntad política y no hay recursos, de nada sirve”, advierte.

Un modelo que nadie quiere nombrar

La deforestación en la Amazonía es el resultado visible de un modelo territorial basado en la apropiación ilegal de tierras públicas, sostenido por economías tanto lícitas como ilícitas que operan de forma integrada: ganadería extensiva, minería ilegal de oro, cultivos de coca y narcotráfico.

La FCDS calcula que los ingresos derivados de la venta de clorhidrato de cocaína en los municipios del arco noroccidental amazónico podrían ascender a 157 millones de dólares anuales. Asimismo, los ingresos por venta de leche en finca, solo en esa misma región, podrían superar los 148 millones de dólares al año.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, ha señalado que estos factores no operan de manera aislada, sino que están asociados a un modelo territorial y económico basado en la apropiación ilegal de tierras. Contener la deforestación, advierte, requiere avanzar en el cumplimiento de la ley para desvertebrar las estructuras que se lucran de la destrucción del bosque.

Al respecto, indica Botero, es necesario una intervención estatal integral, articulada y a futuro, que supere el enfoque exclusivamente ambiental, que recupere el control territorial, fortalezca la autoridad, promueva economías legales y reconstruya la confianza entre comunidades e instituciones, además de consolidar la cooperación regional e internacional.

El futuro que nadie debate

Cuando se habla de la Amazonía en los debates electorales, aparece la deforestación, aparece la minería ilegal, ocasionalmente el mercurio, pero casi nunca aparecen las entidades territoriales indígenas como modelo de gobernanza, ni la trazabilidad ganadera y minera como mecanismo anti crimen, ni la formalización territorial como política de paz.

“Muy poco se habla de las oportunidades o de los campos de acción que hay para remediar estas situaciones. No se le ha dado visibilidad a esa transformación político-administrativa que está viviendo el país y que el próximo gobierno tendrá que asumir”, apunta Botero.

Macuna, desde su río, va más lejos. Le habla directamente a quienes quieren gobernar: “les invito a pensar en una conservación de la Amazonía a largo plazo. No por un periodo de gobierno, sino como una política permanente. La única esperanza está en la cuenca amazónica, y dentro de ella hay pueblos con particularidades propias. A partir de esa particularidad es que tiene que haber una coordinación real”.

La selva, mientras tanto, sigue cediendo. Cuatro kilómetros de vía ilegal por día. Más de 2 millones de hectáreas perdidas y un millón de personas afectadas. Detrás de estas cifras hay un modelo que combina economías legales e ilegales, control territorial armado y vacíos institucionales, con graves impactos sobre los pueblos indígenas y una creciente contaminación por mercurio que envenena ríos y comunidades. Todo esto, además, en un contexto de dinámicas transfronterizas que desbordan las capacidades nacionales.

Lo que está en juego no es solo el bosque, sino la gobernanza de la Amazonía y los derechos de quienes la habitan. Enfrentar esta crisis exige un abordaje multidimensional de la seguridad -climática, humana, pública y económica- con enfoque de derechos, pero sigue siendo un tema marginal en el debate público.

Un bioma que representa el 44% del territorio nacional no puede seguir fuera de la discusión sobre el futuro del país. Y entonces surge la pregunta obligada: ¿y los candidatos presidenciales qué?