Exgobernador de Putumayo fue condenado por irregularidades en contratación de juguetes para niños

La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura inmediata del exgobernador de Putumayo, Felipe Alfonso Guzmán Mendoza, tras condenarlo a 9 años y 2 meses de prisión por irregularidades en contratos para la compra de juguetes didácticos destinados a niños de bajos recursos. La captura ya se hizo efectiva.

La Sala Especial de Primera Instancia concluyó que Guzmán Mendoza incurrió en los delitos de prevaricato por acción y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, relacionados con dos convenios firmados en 2008 con la Fundación Cultural del Putumayo y la Fundación Futuro Ambiental del Putumayo.

Los contratos, por más de 470 millones de pesos, tenían como objetivo fabricar artículos lúdico-didácticos para niños del departamento. Sin embargo, la Corte determinó que las fundaciones contratadas no tenían dentro de su objeto social la fabricación de juguetes y habrían sido utilizadas como una “fachada”, vulnerando las normas de contratación pública.

La investigación también evidenció que el entonces gobernador modificó el presupuesto departamental para destinar recursos provenientes de cuotas pensionales a actividades culturales decembrinas y compra de juguetes, pese a que esos dineros tenían una destinación específica establecida por la ley.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que Guzmán Mendoza utilizó la estructura institucional para dar apariencia de legalidad a actuaciones contrarias a la norma. La Corte respaldó esa tesis y aseguró que el exmandatario desconoció los principios de la función pública y utilizó el aparato estatal para favorecer actuaciones ilegales.

En la misma decisión fue absuelto el exgobernador encargado Camilo Augusto Otaya Díaz, al considerar que no se logró demostrar que hubiera actuado de manera dolosa ni que tuviera responsabilidad penal en los hechos investigados.

Además de la condena en prisión, Guzmán Mendoza fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de 10 años y deberá pagar una multa equivalente a 375 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.