Defensoría alerta grave deterioro del orden público en Jamundí por expansión de disidencias Farc

Tras los recientes hechos violentos y ataques registrados en el suroccidente del país, especialmente en el municipio de Jamundí, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sostuvo una reunión con la alcaldesa municipal y representantes de la Personería para evaluar la crítica situación de seguridad y derechos humanos que enfrenta esta población del sur del Valle del Cauca.

Durante su visita, la funcionaria advirtió sobre la consolidación del frente Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, estructura armada liderada por alias “Iván Mordisco”, situación que —según señaló— ha provocado un deterioro sostenido del orden público en la región.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre múltiples afectaciones a la población civil, entre ellas reclutamiento forzado de menores, homicidios, desplazamientos, extorsiones, amenazas y control territorial por parte de este grupo armado ilegal.

“Esta consolidación se da por el control territorial en zonas rurales y una expansión hacia áreas planas y suburbanas desde la cordillera hacia sectores más urbanos del municipio. Ese control se está materializando en prácticas de gobernanza criminal, regulación social, justicia paralela y cobros extorsivos, con impactos estructurales sobre la vida comunitaria y los derechos de la población”, afirmó Iris Marín.

La defensora explicó además que la ubicación estratégica de Jamundí, como corredor entre el sur del Valle del Cauca, el departamento del Cauca y la región Pacífica, facilita economías ilegales relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.

“Encontramos dinámicas que incluyen homicidios, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. También preocupa la contaminación por artefactos explosivos, las restricciones a la movilidad, la extorsión y las amenazas contra líderes sociales”, agregó la funcionaria.

No obstante, Marín reconoció la presencia institucional de autoridades municipales, departamentales y nacionales, e insistió en la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado para responder de manera integral a la crisis de seguridad que enfrenta Jamundí.

Por su parte, la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, aseguró que la administración municipal trabaja de manera articulada con la Defensoría del Pueblo para avanzar en acciones concretas frente a la violencia.

“Hemos pedido a la defensora que, una vez se conozca al nuevo mandatario nacional, Jamundí sea priorizado en su agenda y se instalen mesas de trabajo para construir un plan social integral. Seguimos comprometidos con la paz”, señaló la mandataria.

En las últimas horas, además, fue liberado un comerciante que permanecía secuestrado por presuntos integrantes de las disidencias de las FARC en zona rural de Jamundí.