Fiscalía hará inspección a Coosalud tras denuncias por presunto esquema para ocultar deudas
Se realizará esta semana, en medio de una investigación que pone bajo la lupa el manejo de recursos del sistema de salud.
SALUD
La Fiscalía General de la Nación realizará esta semana una visita a las instalaciones de Coosalud, en el proceso de la investigación por las denuncias de la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre presuntas irregularidades en la entidad.
Fuentes cercanas confirmaron a Caracol Radio que la indagación busca avanzar en la verificación de los hallazgos de un macroinforme de la Supersolidaria, que advierten un posible esquema para ocultar deudas y mover recursos dentro de la EPS.
La actuación de la Fiscalía se da tras varios movimientos en el proceso. Entre enero y marzo, la Supersolidaria trasladó los hallazgos derivados de su intervención.
En ese sentido, el 14 de abril se anunció una primera visita de la Fiscalía que no se realizó. Posteriormente, se emitió un auto de suspensión de la medida. Ahora, las autoridades retoman el caso con una nueva inspección en las instalaciones de Coosalud confirmada a Caracol Radio.
El origen del caso: un posible esquema financiero
La investigación parte de un macroinforme en el que se advierte la posible existencia de una “arquitectura financiera” que habría sido utilizada para modificar la forma en que se registraban las deudas de la EPS.
Básicamente, se trataría de obligaciones con clínicas y proveedores que habrían sido transformadas en otras operaciones —como compras de cartera, cesiones o inversiones— para que no figuraran como pasivos reales.
Según el documento, este esquema se habría desarrollado entre 2019 y 2025. Puesto que, los hallazgos incluyen operaciones por montos importantes:
- Más de $55.000 millones en compras de cartera que serían simuladas
- Contratos por más de $37.000 millones con pagarés en blanco
- Movimientos cercanos a $90.000 millones a través de un patrimonio autónomo
- Procesos judiciales que superan los $300.000 millones
Además, se advierten irregularidades en los aportes de los asociados y problemas en la trazabilidad de recursos, especialmente en un crédito por $221.000 millones.
