Gobierno frena Centros PotencIA: obras sin financiación y posible ola de demandas al Estado
La situación deja las obras en el limbo, con contratistas que ya habrían realizado inversiones iniciales y que ahora enfrentan la incertidumbre de no recibir pagos.
Gobierno frena Centros PotencIA: obras sin financiación y posible ola de demandas al Estado
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El proyecto Centros PotencIA, que buscaba reemplazar el fallido esquema de Centros Poblados, atraviesa una nueva crisis que podría derivar en millonarias demandas contra el Estado y dejar en el aire la construcción de centros tecnológicos en varias regiones del país.
Durante 2024 y 2025, el gobierno del presidente Gustavo Petro firmó tres contratos con distintos consorcios por cerca de $140.000 millones, más una interventoría de aproximadamente $12.000 millones. El objetivo era diseñar, construir y dotar espacios de acceso a internet, tecnología e inteligencia artificial, especialmente en zonas apartadas.
Los contratos fueron estructurados a través de Findeter, mediante un esquema fiduciario que administraba un patrimonio autónomo con recursos cercanos a $234.000 millones. Sin embargo, el convenio interadministrativo entre esta entidad y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se venció hace menos de 24 horas y no fue prorrogado por decisión del Gobierno.
En la práctica, esto significa que, aunque los contratos están firmados y vigentes , incluso registrados en la plataforma SECOP, el mecanismo para girar los recursos se cerró. Es decir, hay obligaciones contractuales adquiridas, pero no hay flujo de dinero para ejecutarlas.
La situación deja las obras en el limbo, con contratistas que ya habrían realizado inversiones iniciales y que ahora enfrentan la incertidumbre de no recibir pagos. Los recursos permanecen en una fiducia, pero no podrán ser desembolsados bajo las condiciones actuales.
Desde las regiones ya se sienten las alertas. El alcalde de Espinal, Wilson Gutiérrez, pidió al Gobierno Nacional no dejar caer el proyecto y avanzar en la construcción de uno de estos centros en su municipio, advirtiendo que el tiempo restante de las administraciones es limitado.
El escenario más crítico es el jurídico: al existir contratos firmados, los consorcios podrían demandar al Estado por incumplimiento, lo que abriría la puerta a indemnizaciones por costos asumidos y utilidades no percibidas. Expertos advierten que suspender el proyecto podría terminar siendo más costoso que ejecutarlo.
La propia Findeter envió una carta al Ministerio TIC alertando que no prorrogar el convenio no solo frena un programa que beneficiaría a más de 7 millones de personas al año, sino que también pone en riesgo recursos públicos ya invertidos y rompe compromisos con alcaldías y gobernaciones.
En esa comunicación, la entidad advierte que la decisión puede afectar la confianza de las comunidades y desencadenar un problema fiscal, debido a las posibles reclamaciones de los contratistas.
Carta Findeter a MinTic
Por su parte, el Ministerio TIC justificó la decisión señalando un bajo avance del proyecto: tras 17 meses, apenas alcanzaba un 17% de ejecución. Los contratistas, sin embargo, aseguran que estaban listos para iniciar obras y que los retrasos se deben, en parte, a problemas en los predios que debían ser solucionados por Findeter.
A diferencia de lo ocurrido con Centros Poblados, caso que involucró irregularidades como garantías bancarias falsas y la participación de Emilio Tapia, en esta ocasión no hay denuncias de corrupción. No obstante, el riesgo es otro: un conflicto contractual que podría traducirse en demandas millonarias y en la frustración de una promesa clave para cerrar la brecha digital en el país.
Comunicado Ministerio TIC
Por ahora, el futuro de Centros PotencIA es incierto y, de no tomarse una decisión pronta, el proyecto podría quedarse, como advierten desde distintos sectores, en el papel.
