Corte Constitucional dejó sin efecto millonaria sanción de la SIC a Dimayor y equipos del FPC

La Corte Constitucional dejó sin efecto una sanción de 8 mil millones de pesos que impuso en su momento la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la Dimayor y a cinco equipos del fútbol profesional colombiano, en medio de un proceso administrativo por haber elaborado, presuntamente, un sistema que limitó el libre traspaso de jugadores a otros clubes.

La orden del alto tribunal es volver a la etapa de presentación de pruebas, tras determinar que la Delegatura para la Competencia de la SIC no permitió agregar al expediente una prueba pericial que resultaba clave para la defensa de la Dimayor. En consecuencia, el proceso deberá retrotraerse a ese momento específico, lo que implica rehacer una parte sustancial de la actuación administrativa.

Se debe aclarar que esto significa que se dejan sin efectos las decisiones del juzgado y del tribunal que habían negado la tutela, y se impone lo dispuesto por la Corte Constitucional, que encontró una vulneración al debido proceso.

En ese sentido, el fallo es claro al señalar: “Las órdenes de amparo tienen por objeto que la autoridad accionada subsane la actuación procesal con la expedición de un acto administrativo motivado que resuelva sobre la solicitud probatoria. El fundamento de la vulneración es, justamente, la falta de respuesta a la solicitud probatoria, así que la manera de remediarlo es con un pronunciamiento expreso y de fondo por parte de la delegatura. Sin embargo, como la etapa de pruebas precluyó sin ese pronunciamiento, es inevitable retrotraer la actuación a ese momento procesal”.

El origen de esta controversia se remonta al 15 de octubre de 2025, cuando la SIC determinó que cinco clubes —Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A., Unión Magdalena S.A., Asociación Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club S.A. y Club Deportivo Atlético Fútbol Club S.A.— junto con la Dimayor, habrían concebido un sistema que limitó la libre competencia económica en el mercado de jugadores.

Según la Superintendencia, ese sistema operó a través de tres patrones de conducta. El primero consistió en el intercambio de comunicaciones entre clubes, con conocimiento de la Dimayor, en las que se compartía información sensible sobre la situación laboral de futbolistas, como la vigencia de sus contratos, eventuales faltas disciplinarias o solicitudes de terminación contractual.

El segundo patrón se apoyó en referencias a un supuesto “pacto de caballeros”, “llamado ético” o “solidaridad de gremio”, que, de acuerdo con la SIC, no buscaban promover buenas prácticas empresariales, sino desincentivar que otros equipos negociaran con determinados jugadores, aun cuando dichas negociaciones no infringieran la normativa vigente.

Finalmente, la autoridad encontró que la participación de la Dimayor fue determinante, al actuar como canal de difusión de algunas de estas comunicaciones, lo que habría contribuido a legitimar las conductas de los clubes y a reforzar su impacto en el mercado.

Con la decisión de la Corte Constitucional, el caso no se cierra, sino que regresa a una fase clave en la que la SIC deberá pronunciarse de fondo sobre la prueba solicitada por la defensa. Solo después de surtido ese trámite podrá definirse nuevamente si hubo o no una vulneración al régimen de libre competencia y si hay lugar a sanciones. Mientras tanto, la multa queda sin efecto y el proceso entra en un nuevo capítulo.