MinTransporte reveló que Emilio Tapia busca al menos cuatro contratos con el Estado

La ministra, María Fernanda Rojas, confirmó en primicia en el noticiero del mediodía que, durante la revisión de procesos licitatorios en curso, se identificó la participación de estructuras empresariales que, según indicó, estarían relacionadas con Emilio Tapia, quien actualmente se encuentra condenado por corrupción.

De acuerdo con la funcionaria, estas estructuras buscaban ingresar a procesos de contratación del Estado, al menos en cuatro licitaciones, utilizando figuras permitidas por la normativa vigente como la participación en consorcios, lo que —según explicó— les permite presentarse sin figurar directamente en los procesos.

“Se están presentando a cuatro licitaciones, pero en otras entidades del Estado, se pueden estar presentando a otras”, afirmó.

¿En qué momento se identificó la presencia de Emilio Tapia en el proceso de licitación con el Estado colombiano?

Según explicó la ministra, la alerta surgió en un proceso de contratación para el proyecto vial La Llanada–Sotomayor, en el que participaba un consorcio denominado “Caminos Estratégicos”.

Durante la revisión, que “se detectó gracias al director del Invías y su equipo jurídico”, se identificó que una de las empresas del consorcio tenía un rol determinante al aportar la experiencia exigida en la licitación, pese a su situación jurídica.

“Es una empresa sancionada por Centros Poblados (…) cuyo contrato fue declarado en caducidad, que tiene inhabilidades y que está en liquidación judicial”, indicó Rojas.

Participación permitida bajo figura de consorcio

La ministra señaló que, aunque esa empresa no podría presentarse directamente, sí lo hacía a través de un consorcio, lo que está permitido por la normativa actual.

“Si fuera la que directamente se presentara, la ley no lo dejaría, pero como no es directamente, sino consorciada, la ley lo deja”, explicó.

De acuerdo con lo entregado en el noticiero del mediodía por la ministra, el proceso fue detenido luego de evidenciarse que la empresa no contaba con autorización del liquidador, requisito obligatorio al estar en liquidación judicial.

“El liquidador dice: “Esta empresa no puede participar en nada si no tiene autorización (…) y a mí no me habían contado, o sea, estaba presentando unos documentos contrarios a la ley y sin la autorización de quien hoy tiene esa representación’”, afirmó.

Tras esta verificación, se suspendió la audiencia del proceso y se confirmó la irregularidad.

“Hay empresas que se meten a las licitaciones y luego no ejecutan las obras, sino que terminan cediendo o vendiendo los contratos”, explicó.

Alerta a otras entidades del Estado

La ministra indicó que ya se emitió una alerta para que otras entidades revisen posibles situaciones similares en sus procesos de contratación.

“Quiero enviar una alerta a todos para que revisen esta situación”, señaló.

Durante la entrevista, la ministra también se refirió a las limitaciones legales para impedir este tipo de participaciones.

“La ley hoy no tiene herramientas para que una empresa con este récord automáticamente (…) no pueda ni siquiera consorciarse”, afirmó.

Asimismo, la ministra finalizó al insistir en la necesidad de mantener vigilancia sobre la contratación pública.

“Tenemos que estar aún más alertas que hace trece años (…) es increíble”, concluyó la ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas.

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