Ministerio del Trabajo sancionó con $690 millones a los contratistas de un fallido puente en Ibagué
Los contratistas del puente de la calle 60 en Ibagué fueron sancionados por vulnerar los derechos laborales de al menos cinco de sus trabajadores en 2023.
Ibagué
Con una multa acumulada de $690.270.000, el Ministerio del Trabajo sancionó a los contratistas del fallido puente de la carrera Quinta con calle 60 en Ibagué, por incumplimientos en el pago de salarios y otros compromisos laborales con sus obreros durante periodos del año 2023.
Se trata de las empresas BGDSA S.A.S, Mineros e Ingenieros S.A.S, Megaobras Infraestructuras S.A.S y el contratista Olaguer Agudelo Prieto, quienes integraron el Consorcio Puente Carrera Quinta, a cargo del polémico puente que terminó convertido en un proyecto fallido para Ibagué.
Entre las irregularidades detectadas, el Ministerio identificó la falta de pago de aportes a pensión para al menos cinco trabajadores, así como de primas de servicios, intereses por mora en el pago de obligaciones, cesantías, vacaciones remuneradas y salarios entre los meses de septiembre y octubre de 2023.
“Ha de entenderse que con el incumplimiento y no pago de salarios y prestaciones sociales, se afecta el derecho fundamental al trabajo y, por ende, el derecho a percibir un mínimo vital, del cual depende básicamente la subsistencia de los trabajadores y sus familias para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, transporte y educación, entre otros”, se lee en la resolución.
En el documento, las inspectoras del Ministerio también advierten que “bajo el principio de la planeación se debió proveer los recursos para el pago de salarios del personal que era la mano de obra del consorcio; sin embargo, a pesar de que los consorciados contaban con un gran flujo de capital en sus empresas, no se realizó el pago de salarios, prestaciones sociales ni aportes a pensión”.
El puente de la calle 60 en Ibagué se convirtió en un proyecto fallido, pese a que había cerca de $40.000 millones dispuestos para su construcción. La falta de licencias o permisos ambientales, sumada a la aparente falta de capacidad por parte de los contratistas, llevó a que la obra apenas alcanzara un nivel de ejecución del 5 % y posteriormente fuera liquidada en el año 2024.
Ahora, los contratistas tendrán un plazo de 15 días para pagar la multa o presentar un recurso de reposición o apelación. De no hacerlo, comenzarán a correr los intereses moratorios, según advierte el Ministerio.
