Nuevo revés de Colombia en arbitraje de inversión: reactivan millonaria compensación a Telefónica

Colombia suma un nuevo frente de presión en medio de su estrechez fiscal. Un comité ad hoc constituido bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) levantó la suspensión del laudo que ordena al Estado pagar a Telefónica 379,8 millones de dólares (1,3 billones de pesos).

Esto quiere decir que la multinacional española puede iniciar un proceso de enforcement para el desembolso, lo cual no significa que vaya a recibir de inmediato la cuantiosa suma. Según una fuente que conoce a fondo los procedimientos del CIADI, estos cobros pueden tomar meses y hasta años, especialmente si la parte que debe compensar no lo hace de manera voluntaria.

La decisión supone un revés para la estrategia jurídica del Gobierno. El organismo arbitral, que funciona bajo la sombrilla del Grupo Banco Mundial, aceptó la solicitud de la compañía de reactivar los efectos del fallo mientras se tramita el recurso de anulación presentado por Colombia.

El origen del litigio se remonta a 2018, cuando Telefónica acudió al arbitraje internacional invocando el acuerdo bilateral de protección de inversiones entre España y Colombia. La empresa reclamó el reembolso de 1,6 billones de pesos que había pagado un año antes por concepto de reversión de activos, una figura prevista en el contrato de concesión de telefonía móvil firmado en 1994 y vigente hasta 2014. Ese pago fue ordenado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), tras un arbitraje local sobre el alcance de esa cláusula.

El 12 de noviembre de 2024, un tribunal constituido a instancias del CIADI dio la razón a Telefónica. Dos semanas después, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó la anulación del laudo por presuntos excesos en las facultades arbitrales y pidió suspender sus efectos mientras se resolvía ese recurso.

El comité ad hoc que estudia el caso —y que también decidirá sobre la eventual nulidad— ofreció a Colombia la posibilidad de mantener la suspensión si presentaba una garantía bancaria internacional que cubriera el monto de la compensación prevista. Como el Gobierno no logró constituir esa póliza, el laudo recupera su fuerza ejecutoria.

En consecuencia, Telefónica queda habilitada para reclamar el pago. Si este se efectúa y más adelante prospera la anulación, la empresa debería reintegrar los recursos.

El impacto fiscal va más allá del monto principal, que supera en más de 60 millones de dólares el valor de mercado de Colombia Telecomunicaciones, controlada hoy por Millicom. A los 379,8 millones de dólares se suman intereses del 5% anual desde agosto de 2017 (cuando la filial colombiana de la compañía cumplió el laudo interno que dio origen a la controversia), lo que podría añadir este año otros 170 millones. También están en juego 4,3 millones de euros por gastos legales, más intereses compuestos del 4,25% anual desde 2024.

Un alto funcionario consultado admite que, de haber contado con los recursos, el Estado habría preferido pagar antes para frenar el crecimiento de los intereses.

Según una fuente cercana al proceso, el presidente Gustavo Petro se enteró del revés en el CIADI unos días antes de anunciar el retiro de Colombia del sistema internacional de arbitraje de inversión.

Su declaración en ese sentido tuvo lugar el 26 de marzo, tres días después de conocerse una carta abierta al mandatario, suscrita por más de 200 economistas y académicos de 24 países —entre ellos el nobel de Economía Joseph Stiglitz y su colega Thomas Piketty— que defienden la salida de Colombia de esos mecanismos. Según los firmantes, estos protegen a las multinacionales con garantías de las que no gozan las empresas locales ni los ciudadanos del país receptor de la inversión extranjera.

Sin embargo, una eventual retirada no tendría efectos inmediatos sobre el caso de Telefónica. Tampoco sería un proceso sencillo: el arbitraje de inversiones está incorporado en al menos 18 tratados internacionales suscritos por Colombia, lo que limita el margen de maniobra del Gobierno.

En el corto plazo, el país enfrenta una disyuntiva más concreta: pagar ahora o seguir acumulando intereses mientras se resuelve una batalla jurídica cuyo desenlace aún es incierto. Por lo pronto, el 3 y el 4 de junio se llevará a cabo en París una audiencia en la que el comité ad hoc que decidirá sobre la nulidad planteada por Colombia escuchará los alegatos finales de las partes.