El salvavidas que le pidió Sandra Ortiz a la Procuraduría; alega vulneraciones de la Fiscalía

En una carta dirigida al procurador general, Gregorio Eljach, la defensa de Sandra Liliana Ortiz, pidió formalmente la intervención del Ministerio Público para que se oponga a la aplicación de un principio de oportunidad a favor de Olmedo López y Sneyder Augusto Pinilla, testigos clave en el proceso penal.

Según el documento, el abogado defensor sostiene que la Fiscalía General de la Nación ha otorgado una “exagerada protección y credibilidad” a ambos implicados, pese a que ellos mismos han reconocido su participación en delitos graves. A juicio de la defensa, esto habría derivado incluso en decisiones que, según afirma, pudieron inducir en error a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La solicitud se centra en que la Procuraduría intervenga para frenar los beneficios judiciales que buscan López y Pinilla, al considerar que existen elementos que “minan la credibilidad y seriedad” de sus versiones. Entre ellos, cuestiona un preacuerdo presentado por la Fiscalía con Olmedo López, el cual ya fue rechazado por un tribunal que, además, llamó la atención sobre presuntas irregularidades en la forma en que se omitieron delitos como el peculado y se tasaron beneficios.

La defensa también advierte sobre una denuncia penal por falsos testimonio y fraude procesal, interpuesta por el abogado Jaime Lombana, representante de Iván Name. En ese recurso se sostiene que López y Pinilla, junto a peritos contratados, habrían elaborado un dictamen con información falsa que habría sido determinante para las decisiones judiciales que llevaron a la cárcel a Ortiz, así como a los excongresistas Name y Andrés Calle.

Uno de los puntos más delicados expuestos en la carta tiene que ver con la supuesta manipulación de pruebas técnicas. De acuerdo con la defensa, información entregada por la empresa de telefonía Movistar —previo aval judicial— indicaría que el número atribuido a Sneyder Pinilla no registra actividad asociada a un IMEI en el periodo analizado (septiembre de 2023 a enero de 2024), lo que pone en duda la validez de los registros de ubicación usados en el proceso.

El documento señala que esta inconsistencia abre varias hipótesis, como la inexistencia de tráfico en la línea o incluso que esta no haya sido utilizada en ningún dispositivo físico, lo que, en criterio del abogado, refuerza la sospecha de que la información entregada por Pinilla podría ser falsa.

Adicionalmente, la defensa denuncia que datos reservados habrían sido entregados de manera irregular a particulares. En específico, menciona a la fiscal Andrea Muñoz, quien presuntamente habría compartido información sensible en una etapa preliminar de la investigación, hecho que también fue incluido en la denuncia penal mencionada.

Otro de los elementos expuestos es la situación de Pedro Castro Espinosa, señalado como supuesto prestamista de millonarios recursos en efectivo. Según la carta, su origen no fue debidamente justificado ante la Corte Suprema y actualmente es investigado por presunto lavado de activos.