Parranda en cárcel de Itagüí, ¿qué revela sobre el diálogo con bandas?

En Hora20, el análisis a lo que ha ocurrido en la cárcel de Itagüí, una parranda que llevó al gobierno a suspender la mesa de negociación sociojurídica que sostenía con las bandas criminales de esa ciudad, al tiempo lo que ha pasado con las órdenes de captura suspendidas. Después, el análisis al papel de los partidos políticos en las elecciones presidenciales y una mirada a una nueva encuesta.

Lo que dicen los panelistas

Jorge Mantilla, politólogo, doctor en Criminología, columnista, experto e investigador en dinámicas del conflicto, explicó que hay una política de apaciguamiento en la cual el Estado cede ante estructuras criminales, “se plantea que esto no funciona porque no hay ley de sometimiento, pero en las negociaciones donde sí hay ley, que es con los GAO, son negociaciones que no funcionaron”. Recordó que no hay una sola persona en el país que haya dejado las armas en estos cuatro años o que esté en un camino cierto de negociación, “incluso no lo hay en los grupos más pequeños o debilitados”. Po otro lado, comentó que un problema estructural es la necesidad de una reforma penitenciaria en este Gobierno, “el Inpec es una entidad con más de 70 sindicatos. En el país hay 170 mil personas privadas de la libertad, 100 mil en centros de reclusión y 70 mil en casa por cárcel; eso impacta en seguridad por reincidencia”. Finalmente advirtió que el Inpec ha sido objetivo de cooptación por parte del crimen organizado, “pero no se ve que en un futuro cercano se pueda resolver un problema como este”.

Daniel Valero, editor de política en El Espectador, planteó que el escándalo de la parranda en la cárcel es un “papayazo” por cuenta del momento electoral, “el alcalde de Medellín es opositor, la concejal que revela el escándalo también lo es, en medio de todo eso la paz total venía estancada y se presenta justo esto con las personas, que en las últimas dos semanas estaban en medio de la polémica por las órdenes de captura, “esto deja ver que en las cárceles siempre se han presentado estas situaciones. Quienes graban lo hacen con celulares. Es la fiesta, el trago, los celulares, esto es un mal diagnosticado desde hace rato”. Recordó que de fondo siempre son las mismas medidas cuando ocurren estos escándalos, pero en menos de dos meses es la segunda vuelta y nadie defiende lo ocurrido.

Finalmente, dijo que en los últimos años los grupos armados ilegales o bandas han crecido en número de armas y eso toca la realidad de la gente, “eso lleva a que el 31 de mayo haya una inclinación y lo de Medellín demuestra una disputa ideológica”.

Alirio Uribe, abogado y representante a la Cámara por el Pacto Histórico, manifestó que tras el escándalo se tomaron las medidas necesarias, sin embargo, dijo que hablar de paz en la contienda política pone al país en una puja sin mirar de fondo lo que ocurre, “la importancia de tener una paz urbana en Itagüí. En Medellín son 11 mil personas en armas y comandantes dan órdenes desde cárceles”. Remarcó que el Congreso no ha querido avanzar en marcos jurídicos, “hay cosas grises que vienen pasando, cosas importantes y otras lamentables. Hay que hacer un balance serio de la paz total”. En ese sentido, dijo que en el país hay dos modelos sobre el manejo de la seguridad, “un modelo de mano dura y de política represiva que no ha funcionado, mientras que hay otros que consideramos que toca mirar tanto zanahoria, como garrote”.

También insistió que la Ley de Paz Total fue un banderazo para intentar avanzar los diálogos de naturaleza política y los diálogos socio jurídicos con bandas, “en ningún momento estos diálogos de paz son utilizados con intención de hacer campaña”.

Claudia Carrasquilla, abogada, exfiscal, concejal de Medellín y quien reveló las fotografías del ingreso del cantante a la cárcel, señaló que la información la recibió de una fuente que está al interior de esos diálogos socio jurídicos que se desarrollan en la cárcel, “al haber trabajado en Fiscalía tengo fuentes que me da información sobre lo que ocurre con esa mesa”. Manifestó que los miembros de estas organizaciones criminales van a tener injerencia, “cuando la fiscal Camargo emite la resolución del levantamiento de las órdenes de captura hay unos fundamentos jurídicos y la pregunta es para qué levantar las órdenes a los ya condenados y que ya están sentados en la mesa; yo considero que se pretendía tener injerencia en la política de Medellín. En esa resolución se dice que se levantan órdenes de captura con el fin de que cabecillas se movilicen en área metropolitana de Medellín, Bogotá y Rionegro”.