Denuncian incumplimiento de la ANT en compra de predio para Playa Renaciente en Cali, pese a fallo

El Consejo Comunitario Playa Renaciente, en Cali, denunció el presunto incumplimiento de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) frente a un fallo de tutela que ordena avanzar en la titulación de un predio para esta comunidad étnica.

Según Eduard Cuero, representante legal del consejo comunitario, desde 2009 se viene solicitando la titulación de un terreno para reubicar a las familias que actualmente habitan en zona de alto riesgo no mitigable en el jarillón del río Cauca. Sin embargo, el proceso no ha avanzado pese a decisiones judiciales que ordenan garantizar este derecho.

De acuerdo con la denuncia, el predio que podría ser adquirido por la ANT fue ofrecido por su propietario desde 2024. No obstante, aunque ya se habrían adelantado visitas técnicas y avalúos, la entidad no ha emitido una oferta formal de compra, requisito clave para concretar la entrega del terreno a la comunidad.

Higuero advirtió que el dueño del predio actualmente tiene otras ofertas de compradores privados y habría fijado un plazo para recibir la propuesta oficial, lo que pone en riesgo la posibilidad de adquisición. “La comunidad está a punto de perder una oportunidad valiosa por la demora en el proceso”, señaló.

El líder comunitario indicó además que, pese a que desde la ANT se ha argumentado que la falta de oferta obedece a restricciones por ley de garantías, la comunidad asegura haber recibido asesoría jurídica que indicaría que sí es posible avanzar en este procedimiento.

A esta situación se suma una reciente decisión del Juzgado Décimo de Familia de Oralidad de Cali, que requirió a la Agencia Nacional de Tierras para que cumpla de manera inmediata el fallo de tutela de segunda instancia emitido en 2015, relacionado con este mismo caso.

En el documento judicial se advierte que, de no acatar la orden en un plazo de 48 horas, se podría iniciar un incidente de desacato contra los funcionarios responsables, incluyendo al coordinador general de la entidad y a la encargada de la Unidad de Gestión Territorial Occidente.

La situación afecta a más de 400 familias, cerca de 1.000 personas, que permanecen en condiciones de riesgo y a la espera de una solución definitiva sobre su territorio. Ante esto, hicieron un llamado a la Agencia Nacional de Tierras para que atienda el fallo judicial y agilice el proceso de compra del predio.

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