Cae red que generaba pérdidas de mil millones saqueando empresas de telecomunicaciones en Antioquia
Los capturados se dedicaban al hurto de baterías de litio, plantas eléctricas y cableado de cobre en distintos municipios antioqueños.
Foto: cortesía.
Antioquia
En el marco de una investigación desarrollada por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue desarticulada una estructura delincuencial dedicada, desde 2023, al hurto de baterías de litio, plantas eléctricas y cableado de cobre en distintos municipios antioqueños.
Durante los operativos, se realizaron cinco diligencias de allanamiento y registro, que permitieron la captura de nueve personas y la notificación judicial de otras dos, quienes ya se encontraban en centros carcelarios.
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Entre los capturados se encuentran contratistas de las empresas afectadas, quienes presuntamente facilitaban la comisión de los delitos.
Más de 22 hurtos en tres años
De acuerdo con el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, esta estructura criminal estaría involucrada en más de 20 hurtos, generando grandes pérdidas económicas a las empresas afectadas.
“Nuestros funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal pudieron determinar que la estructura ilegal habría causado 22 eventos de hurto, ocasionando pérdidas que superan los mil millones de pesos”, agregó el general Bello.
Comercialización de materiales robados
Las autoridades destacaron que, durante 2025, se recuperaron 24 baterías de litio hurtadas, avaluadas en 150 millones de pesos. Según las indagaciones, estos elementos eran presuntamente hurtados con fines de comercialización ilegal.
“La mayoría de las baterías eran vendidas para emplearlas en el funcionamiento de paneles solares, cultivos hidropónicos, motocicletas y bicicletas eléctricas”, detalló el comandante de la Policía.
Los capturados, quienes deberán respondar por los delitos de hurto calificado agravado y concierto para delinquir, fueron presentados ante jueces de la República para legalizar los procedimientos y adelantar las audiencias de control de garantías, en las que se les impusieron medidas de aseguramiento.
