La Defensoría rechaza hechos de violencia entre los Pachenca y el Clan del Golfo en Santander

La Defensoria de Pueblo rechazó hechos de violencia que se realizaron en el corregimiento de San José de los Chorros en Rionegro, Santander, presuntamente por hechos asociados a la incursión de integrantes del grupo armado ilegal los Pachenca quienes ingresaron al territorio por el río Lebrija.

Según reportes recibidos, los Pachenca secuestraron y sometieron a actos de tortura para posteriormente asesinar a un presunto integrante del Clan del Golfo y horas después se conoció que hubo un segundo homicidio en la zona. Además, de reportar secuestro y amenazas contra lideres sociales, a quienes retuvieron durante varias horas.

Lea también: Defensoría rechaza restricciones de disidencias ‘Iván Mordisco’: Vulnera derechos de la población

Asimismo, la población civil también fue objeto de amenazas, estigmatización y señalamientos, al ser acusada de permitir el transito de integrantes del Clan del Golfo por el territorio. Los Pachenca manifestaron su intención de confrontar incluso en medio de la población civil al Clan del Golfo, advirtiendo posibles acciones contra las personas que colaboren con el grupo. Conducta que atenta contra el derecho internacional humanitario, en particular con el desconocimiento del principio de distinción y la prohibición de involucrar a la población civil en estos ataques armados

La Defensoría hace un llamado a los grupos armados ilegales y en especial a estos dos, a cesar de manera inmediata las acciones de violencia, intimidación y control social sobre la población civil además de respetar las normas de los derechos humanos y recuerda que frente a estos hechos se emitió una Alerta Temprana 016 de 2025.

Le puede interesar: “ELN anunció el levantamiento del paro armado en el Bajo Baudó (Chocó)”: Defensoría del Pueblo

De esta manera también la institución le hace un llamado a la Alcaldía de Rionegro, a la Gobernación de Santander y al Gobierno Nacional para que implementen medidas urgentes que permitan prevenir nuevas vulneraciones, proteger a la comunidad y mitigar los riesgos que existen. Además, de que las autoridades competentes adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos y garantizar el acceso a la justicia.