Conductores de empresa de transporte paralizan labores por amenazas en Barranquilla
Denuncia de falta de acompañamiento por parte de las autoridades
Bus empresa Lolaya - Imagen de referencia
La circulación de panfletos amenazantes atribuidos a un grupo delincuencial tiene en alerta al gremio de transporte en Barranquilla. Conductores de la empresa Lolaya decidieron paralizar sus labores este 19 de marzo y permanecer en sus viviendas ante el temor por su integridad y la de sus familias.
Según relataron trabajadores afectados, la decisión se tomó de manera preventiva, en medio de la incertidumbre que ha generado la aparición de mensajes intimidatorios.
En estos panfletos, firmados por supuestos integrantes de “Los Costeños”, se advierte que un conductor tiene apenas 30 minutos para comunicarse con un presunto “comandante”, bajo amenaza de ser declarado objetivo militar junto con su entorno familiar y su actividad económica.
Uno de los conductores, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, aseguró que el miedo es generalizado entre sus compañeros, lo que ha llevado a una disminución significativa en la operación del servicio.
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A esta situación se suma la denuncia de falta de acompañamiento por parte de las autoridades, lo que ha incrementado la sensación de desprotección entre los trabajadores del sector transporte.
Este episodio ocurre en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la seguridad. De acuerdo con la más reciente encuesta de percepción ciudadana de Barranquilla Cómo Vamos, el 66,1% de los barranquilleros identifica los atracos callejeros como el principal problema de seguridad, mientras que la extorsión, modalidad que estaría detrás de estas amenazas, preocupa al 41,8% de la población.
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El estudio también revela que, aunque el 49,7% de los ciudadanos dice sentirse seguro en la ciudad, uno de cada cinco manifiesta sentirse inseguro. Además, la extorsión tiene mayor incidencia en sectores populares, especialmente en estratos 2 y 3, donde operan buena parte de los trabajadores del transporte público.
Otro dato que agrava el panorama es la baja denuncia de delitos. El 65,8% de las víctimas decide no acudir a las autoridades, principalmente por la creencia de que no habrá resultados o por experiencias previas sin respuesta, lo que refleja una profunda desconfianza institucional.
