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ANDI alerta en Cartagena sobre crisis humanitaria por posible liquidación masiva de EPS

El gremio advirtió que el traslado de casi 12 millones de afiliados pondría en riesgo tratamientos críticos y la estabilidad del sistema de salud

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI. | Foto: Caracol Radio

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI. | Foto: Caracol Radio

En el marco de la decimoquinta edición del foro Colombia Genera 2026, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) lanzó un contundente llamado de alerta frente a lo que denomina una crisis financiera “inducida” por el Gobierno Nacional, que podría derivar en la liquidación forzosa de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS).

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Según el gremio, la insuficiencia en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la inoportunidad en el pago de los Presupuestos Máximos han generado un debilitamiento extremo en la confianza de los actores del sistema. Esta situación no solo pone en peligro la operación administrativa, sino que amenaza directamente el pago de salarios a médicos, la compra de medicamentos y la atención de pacientes de alto costo.

Riesgo para 11,8 millones de afiliados

La ANDI enfatizó que una liquidación masiva implicaría el traslado forzoso de millones de colombianos hacia EPS receptoras que podrían no tener la capacidad operativa para absorberlos.

“Un traslado de esta magnitud puede romper la trazabilidad de tratamientos para pacientes con cáncer, VIH, diálisis y enfermedades huérfanas, produciendo demoras fatales en citas y procedimientos”, señala el comunicado emitido durante el evento.

Desde el foro en Cartagena, se cuestionó que el Gobierno Nacional esté haciendo “oídos sordos” a las órdenes de la Corte Constitucional, la cual ordenó concertar el valor de la UPC y establecer un periodo de transición financiera. Para la ANDI, intervenir o liquidar EPS basándose en indicadores financieros que el mismo Estado ha deteriorado carece de legitimidad y contradice la jurisprudencia vigente.

Finalmente, el gremio advirtió que estas medidas se estarían convirtiendo en un mecanismo “de facto” para trasladar pacientes hacia la Nueva EPS, evadiendo decisiones judiciales y poniendo en riesgo la integridad y vida digna de los usuarios en todo el territorio nacional.

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