Nueva condena a Alianza Fiduciaria por proyecto Sky Condominio: $1.600 millones a afectados
La Superintendencia Financiera ordenó devolver el dinero a compradores tras fallas en el control y verificación del proyecto en Montería.
La Superintendencia Financiera de Colombia condenó a Alianza Fiduciaria S.A. a regresar más de $ 1.600 millones de pesos a un grupo de compradores vinculados al proyecto inmobiliario Sky Condominio, que se desarrolla en Montería.
Juan Carlos Orjuela, abogado de los afectados, afirmó que el fallo establece que la fiduciaria no logró probar que cumplió con sus deberes de verificación antes de permitir la vinculación de inversionistas.
Es decir, la Superintendencia encontró vacíos dentro de la evaluación de la viabilidad del proyecto, la capacidad financiera del desarrollador y la solidez de la estructura económica que respaldaba el negocio fiduciario.
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Cabe recordar que el contrato de fiducia comenzó concretamente en mayo de 2014 y durante el proyecto no se pudo dar información certera de la constructora que lo iba a realizar. Posteriormente, no se pudo determinar sus capacidades técnicas, jurídicas y financieras, lo que terminaron afectando a la viabilidad del proyecto al encontrarse hoy en día estancado, desde el año 2018.
Estos elementos son clave en el rol de una fiduciaria, ya que actúa como administradora de los recursos de las personas, por esta razón, la normativa exige que la entidad analice riesgos, valide la información necesaria y ejerza controles permanentes durante las distintas etapas del proyecto.
En este caso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales concluyó que esos controles no se aplicaron de forma adecuada y como resultado, se permitió la entrada de compradores a un proyecto que no contaba con las garantías suficientes, lo que terminó afectando directamente sus recursos.
Uno de los puntos centrales del fallo es sobre la responsabilidad de las fiduciarias, donde la Superintendencia aclaró que estas entidades no están obligadas a garantizar que un proyecto inmobiliario sea exitoso o se ejecute sin contratiempos. Sin embargo, sí deben cumplir de manera estricta con sus funciones de análisis, supervisión y gestión del riesgo.
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“Debe revisarse de modo que los consumidores cuenten con medidas eficaces y expeditas para obtener la devolución de sus recursos cuando los proyectos inmobiliarios no se entregan con sujeción a los tiempos inicialmente ofrecidos o no se inician por dificultades de todo orden”, afirmó Orjuela.
Cuando estas obligaciones no se cumplen, como ocurrió en este caso, se configura una responsabilidad por omisión en los deberes profesionales.
Según la decisión, esa falta de diligencia puede frustrar las expectativas de los inversionistas, quienes depositan su confianza en la participación de una fiduciaria como respaldo del proyecto.
