Empate en Corte Suprema de Justicia frena decisión sobre congresistas investigados por caso UNGRD

Justicia

Hubo empate en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sobre la decisión de llamar a juicio o de imponer una medida de aseguramiento contra los cinco congresistas y un excongresista que habrían participado del entramado de corrupción de la Unidad Nacional Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ante el empate, serán dos conjueces los que definirán el futuro jurídico de los dirigentes políticos.

Esto significa que no habrá decisión de fondo antes de las elecciones legislativas del próximo domingo 8 de marzo.

Los conjueces conocerán la ponencia y la nuevamente la sala se reunirá el próximo miércoles 11 de marzo.

La ponencia del magistrado Misael Rodríguez pide que sean llamados a juicio por su presunta responsabilidad en los hechos de corrupción. En 2023, los implicados hicieron parte de la Comisión de Crédito Público del Congreso.

Entre las evidencias que recopiló el magistrado Rodríguez se encuentran los testimonios de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, quienes, a través de los principios de oportunidad suscritos con la Fiscalía General de la Nación y avalados por jueces de la República, relataron todos los detalles de cómo se planeó y ejecutó el saqueo de los recursos de la Unidad.

Los pagos de sobornos, los movimientos, los acuerdos, los compromisos, los chats, las fotografías y las agendas, entre otros elementos probatorios, hacen parte de la investigación contra los dirigentes políticos.

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Según se conoció, la discusión se centró en qué camino se adopta en este caso: si los legisladores son llamados a juicio y si se impone una medida de aseguramiento privativa de la libertad, es decir, una orden de captura inmediata y de esta manera quedó en empate 3- 3.

Entre los congresistas mencionados se encuentra Wadith Manzur, actual representante a la Cámara que busca llegar al Senado.

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En su contra no solo están las declaraciones de López y Pinilla, sino también las de María Alejandra Benavides Soto, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien también firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía y ahora es una de las grandes testigos del macrocaso de la UNGRD.

Benavides dijo que Manzur supuestamente pedía varios contratos e incluso lo calificó como el “vocero” de los congresistas que estaban gestionando la entrega de dichos proyectos.

Los otros dirigentes políticos que aparecen mencionados en la investigación son:

Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde) y Karen Astrid Manrique (Curules de Paz).