FEDEGAN alerta sobre “fractura” de la seguridad jurídica y alzas en avalúos catastrales rurales

El sector ganadero del país, por intermedio del presidente de Fedegan, José Félix Lafourie le manifestó a la ministra de Agricultura, Martha Carvajilo su preocupación por los efectos negativos de la emergencia económica para el sector.

Según el gremio, esta normativa altera los protocolos legales vigentes al trasladar competencias que corresponden al poder judicial hacia autoridades administrativas, lo que fractura la seguridad jurídica y vulnera el derecho al debido proceso en la propiedad rural.

Entre las modificaciones más críticas se encuentra la facultad otorgada a la Unidad de Restitución de Tierras para ordenar la segregación inmediata de folios de matrícula inmobiliaria sin necesidad de una sentencia judicial en firme, una potestad que anteriormente estaba reservada a los jueces de la República.

Asimismo, se denuncia una reducción drástica de los términos probatorios a solo cinco días hábiles para la preparación de peritajes técnicos, un plazo que FEDEGAN considera insuficiente y que debilita la defensa técnica de los propietarios.

La Federación también advirtió que el nuevo decreto permite obviar las inspecciones oculares in situ, sustituyéndolas por pruebas meramente documentales que no reflejan la realidad física de los predios. A esto se suma el riesgo de estimular invasiones ilegales, dado que la normativa facilita la ocupación de tierras por parte de “adjudicatarios ocupantes” sin que medie un proceso formal de adjudicación, afectando la convivencia y la paz en el campo.

Por otro lado, el gremio expresó su alarma ante la Resolución No. 2057 de 2025 del IGAC, la cual impone incrementos en los avalúos catastrales rurales que en diversas zonas del país alcanzan o superan el mil por ciento para la vigencia 2026. Estos reajustes representan un duro golpe para el 82% de los productores ganaderos, quienes son pequeños propietarios que ya enfrentan dificultades por inseguridad y falta de infraestructura.