La resolución del IGAC que tiene en jaque a más de 500 municipios en Colombia

Boyacá

La entrada en vigencia de la Resolución IGAC 1912 de 2024, que aplica el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, ha generado preocupación en 82 municipios de Boyacá por el aumento de los avalúos catastrales en predios rurales para la vigencia 2026. La medida busca actualizar masivamente los valores rezagados en 527 municipios bajo jurisdicción del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

El representante a la Cámara Wilmer Castellanos indicó que “esta actualización afecta directamente a miles de familias campesinas en Boyacá y en todo el país. La decisión se tomó de manera centralizada y desproporcionada, sin que se consultara a los ciudadanos ni al Congreso, y es necesario garantizar que los ajustes sean progresivos y equitativos”.

Según lo establecido en la Resolución IGAC 1912 de 2024, “por medio del cual se adopta la metodología para la actualización masiva de valores catastrales rezagados en las zonas rurales, se realizará un ajuste automático a los avalúos de los predios rurales formados o actualizados antes de 2018, a partir del 1 de enero de 2026, con el fin de reducir el rezago de avalúos, corregir inequidades en la carga tributaria y mejorar la planificación territorial”.

La resolución establece además que:

• Se liquidarán los avalúos catastrales para predios rurales de los 527 municipios incluidos en esta fase de implementación.
• La actualización se realizará de manera progresiva en un plazo no mayor a dos años, estableciendo criterios de priorización según antigüedad de los avalúos, necesidades de desarrollo territorial y lineamientos del Gobierno Nacional.
• Para los municipios o predios formados o actualizados entre 2018 y 2025, se aplicarán los incrementos establecidos en el documento CONPES 4177 de diciembre de 2025.
• Para los predios actualizados en 2026, se aplicarán los porcentajes que determine la resolución correspondiente de cada municipio.

Castellanos afirmó que, a pesar de que la ley 1995 de 2019 establece que los municipios no pueden cobrar más del 50% del impuesto predial respecto al año anterior, “la magnitud del aumento de los avalúos genera incertidumbre entre los contribuyentes y podría afectar también otros trámites relacionados con la propiedad, como escrituración, registro y declaración de renta”.

Durante la reunión con alcaldes, concejales y líderes comunitarios, Castellanos anunció que se solicitará la revocatoria directa de los actos administrativos que dieron lugar a esta actualización y, en caso de no prosperar, se presentarándemandas de nulidad ante el Consejo de Estado. También adelantó que se tramitará un debate de control político en el Congreso para evaluar las decisiones del IGAC y su impacto en los municipios.

El congresista enfatizó que “este es un tema que apenas comienza y requiere la unión de congresistas, alcaldes, concejales y líderes comunitarios para proteger a las familias campesinas y garantizar que los ajustes sean justos, progresivos y equitativos en todo el país”.