Gobierno Trump ha gastado más de 40 millones de dólares para deportar migrantes a países terceros

Los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos presentaron un informe en el que acusan al gobierno de Donald Trump de construir una red global de deportaciones que en esencia es cruel, costosa, ineficaz, sin supervisión y llena de irregularidades legales.

En el documento titulado “¿A qué costo?, dentro de los acuerdos de deportación secretos de la Administración Trump” se advierte que se han gastado más de 40 millones de fondos públicos en acuerdos de negociación que se han realizado bajo la mesa para llevar migrantes a países distintos a los de su origen.

Costos excesivos

Se resalta que los vuelos militares tienen un costo de 32.000 dólares por hora y que si bien hay un promedio de 130.000 dólares por persona deportada, en algunos casos el valor por persona expulsada resulta ser de un millón de dólares.

En total, se calcula que la Administración ha gastado más de 40 millones de dólares en los acuerdos con terceros países que reciben migrantes expulsados por la Administración.

El principal ‘beneficiado’ ha sido Ruanda, que ha recibido 7,5 millones de dólares a los que se le suman 600.000 dólares por cuenta de gastos de vuelo, todo esto para aceptar siete personas, es decir, 1.1 millones de dólares por cada migrante expulsado en este caso.

Palau recibió 7,5 millones de dólares a pesar de que no hay informes de deportaciones o si quiera vuelos hacia esta nación.

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Velocidad sobre debido proceso

En el documento de 30 páginas se advierte que la política migratoria de Donald Trump basada en procesos de expulsión express para lograr disuadir la migración irregular se salta el debido proceso y transformó la diplomacia de Estados Unidos, ya no es la base de política exterior sino una herramienta de su política migratoria.

“Por medio de estos acuerdos de deportación a países terceros, la Administración Trump ha puesto millones de dólares de los contribuyentes en manos de gobiernos extranjeros”, advierte el documento que luego denuncia que estos pagos se realizan mientras que se “ignoran los costes humanos y socava potencialmente nuestras relaciones diplomáticas”.

El informe advierte que si bien la Administración Trump asegura estar luchando “contra el fraude, el despilfarro y el abuso, esta política es el epítome de los tres”.

De la excepción a la norma

La medida gubernamental de enviar migrantes a países distintos al de origen existía desde hace años pero su aplicación no era constante sino esporádica, sin embargo, desde que arrancó la Administración Trump 2.0, esta práctica se ha convertido casi en la norma.

Los primeros acuerdos para establecer naciones terceras se firmaron con Costa Rica y Panamá, sin embargo, estos acuerdos se cayeron después del primer vuelo y dejaron de recibir a los migrantes de otras nacionalidades que eran expulsados por Estados Unidos.

Los terceros países

En el informe se destaca que el caso más fuerte de deportación a países terceros ocurrió cuando el Departamento de Seguridad Nacional envió a más de 200 venezolanos a El Salvador donde permanecieron cuatro meses en el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) identificada como cárcel de máxima seguridad pese a que estas 200 personas no tenían pruebas en contra de ser pandilleros.

A El Salvador se suman otros países como México, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Palau o Ruanda, naciones con las que el gobierno Trump ha llegado a acuerdos para expulsar migrantes y se estima que, basándose en estos acuerdos, se han enviado unos 300 migrantes a estos países.

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A su vez se estima que hay negociaciones activas para que otros 70 países se sumen a esta lista de naciones que reciben migrantes expulsados por Estados Unidos.

Sin regulación legal

Aparte de los costos exagerados que pagan los contribuyentes estadounidenses, en el documento se advierte que más del 80% de las personas deportadas a países terceros resultaron volviendo a su tierra natal y, en varias ocasiones, en vuelos también pagados por el gobierno estadounidense.

“La Administración Trump a veces paga al país para que acoja a personas, las envía allí en avión y luego paga para llevarlas a su país de origen. No tiene sentido”, declaró un funcionario estadounidense actual al Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Generar miedo

A pesar de que el gobierno republicano defiende las expulsiones explicando que los migrantes deben ser enviados a países terceros cuando son “tan singularmente bárbaros que sus propios países no los aceptan de vuelta”, el reporte detalla que en la mayoría de los casos esto no ha sido así.

En distintos y numerosos casos, los deportados no podían ser regresados a sus países de origen desde Estados Unidos porque su estancia en el país se justificaba en temores legítimos por su seguridad, así que el enviarlos primero a una nación tercera eliminaba este limitante legal.

Los senadores dicen que la motivación real detrás de enviar personas a países que no son de su origen es generar miedo para que más migrantes abandonen sus procesos de asilo y se autodeporten.

De hecho, otro funcionario actual afirma que la Administración Trump utiliza los acuerdos para intimidar a los migrantes: “con países como Palau o Eswatini, la cuestión es que la Administración puede amenazar a las personas con que, literalmente, serán abandonadas en medio de la nada. El objetivo es asustar a la gente”.

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Sin monitoreo

Los demócratas denuncian que no existe un sistema claro y sistemático de monitoreo para:

• Verificar el uso del dinero pagado a los países terceros.
• Las condiciones en que permanecieron los deportados
• Las garantías diplomáticas ofrecidas por los países receptores.

A su vez se destaca que varios de los gobiernos con los que se lograron acuerdos tienen antecedentes documentados de corrupción y abusos contra los derechos humanos.

El informe destaca que Guinea Ecuatorial recibió 7,5 millones de dólares por aceptar a 29 personas y ocupa el puesto 172 de 182 países en cuanto a corrupción, según Transparency International.

La advertencia

En el informe, los senadores demócratas aseguran que “la diplomacia estadounidense se está llevando a cabo mediante pagos secretos en efectivo y concesiones discretas. Se está presionando a los países con amenazas de aranceles, prohibiciones de visados o recortes en la ayuda”.

Desde el Congreso se alerta que en momentos “en que la Administración ya está tensando sus relaciones con aliados de larga data, está construyendo relaciones transaccionales con regímenes corruptos y adversarios, no en torno a intereses comunes u objetivos estratégicos, sino a acuerdos opacos”.